El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha preguntado a la Asamblea de Madrid si el exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz (PP) es diputado regional con el objeto de confirmar su condición de aforado para verificar si es competente o no para investigarle en el marco de la causa en la que se investiga a la trama de corrupción 'Púnica', según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El magistrado elevará una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) si existen indicios de criminalidad contra Ortiz, al carecer la Audiencia Nacional de competencia para investigarle por motivo del fuero que ostenta como parlamentario de la Cámara autonómica.
El instructor investiga la adjudicación de un contrato por valor superior a los 70 millones en el año 2014 a Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, por parte del Ayuntamiento de Móstoles, cuando el consistorio estaba dirigido por Ortiz.
El exregidor, que se mantuvo en la alcaldía desde enero de 2012 hasta junio de 2015, negó el pasado febrero haber intermediado en este proyecto. "No he dado ninguna instrucción sobre la adjudicación, ni la conveniencia de este proceso. Eso no significa que durante el mismo uno no pida explicaciones, pregunte o se interese por los datos", indicó en la comisión de investigación.
Ortiz insistió en que la adjudicación del contrato obedeció a la exclusión de las otras dos empresas licitadoras por errores cometidos en la presentación de sus ofertas económicas y aseguró que el proceso recaía en la Concejalía de Mantenimiento de la ciudad.
Precisamente, el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, declara este viernes por videoconferencia desde la cárcel de Estremera sobre el presunto espionaje entre miembros del PP de Madrid dentro de la comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid, después de que Velasco autorizara su comparecencia "salvaguardando por quien proceda la seguridad y la custodia de este señor".
UN CENTENAR DE IMPUTADOS
La 'operación Púnica' estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' suscritos en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños.
Entre los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en la causa, se encuentra, ademá de Granados, el exconsejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria; la exconsejera de Educación Lucía Figar; el exconsejero y exviceconsejero de Educación Manuel Pérez Gómez; o el ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás.
En relación con la Región de Murcia, se investiga al exconsejero de Industria y Turismo Juan Carlos Ruiz; la ex directora general de Turismo Mariola Martínez Robles; al ex jefe de Gabinete del consejero de Turismo e Industria José Fidel Saura; a la ex directora del Instituto de Fomento Reyes Samper, o al secretario técnico del Instituto de Turismo Jesús Norberto Galindo.
El expresidente de la Diputación de León Martín Marcos Martínez y el ex interventor general de este organismo Manuel Jesús Sánchez están encausados en el procedimiento, al igual que nueve antiguos alcaldes, doce exconcejales y trabajadores municipales de diversos municipios madrileños.
