La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento por un delito de terrorismo de tres de los acusados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) a la espera de resolver los recursos interpuestos por los otros seis procesados en esta causa.
La sección cuarta de lo Penal -Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel- ha ratificado los procesamientos de Oihan Arnanz, uno de los tres acusados que permanece en prisión desde noviembre, y Julen Goikoetxea y Jon Ander Cob, que se encuentran en libertad desde diciembre.
En sendos autos, la sección cuarta de lo Penal ve los hechos constitutivos de un delito terrorismo "por el clima de presión y hostigamiento" y de "odio" hacia los agredidos.
"No podemos obviar el contexto veladamente opresivo existente en Alsasua, que dibuja una situación caracterizada por el clima de presión y hostigamiento que, según las víctimas de los hechos acaecidos, se está produciendo en ellas y otras relacionadas con el cuartel de la Guardia Civil allí destacado", destaca la Sala.
Todo ello, por parte de personas vinculadas al colectivo "Ospa Mugimendua", que en Alsasua "preconiza la campaña 'Alde Hemendik' (Que se vayan), que pretende condicionar la vida de los guardias civiles y sus familias".
Por ello la competencia para juzgar lo ocurrido es de la Audiencia Nacional y no del juzgado de instrucción número 3 de Pamplona que abrió las primeras investigaciones, tal y como reclamaban los procesados, que fueron identificados por las víctimas en ruedas de reconocimiento, cuya validez avala también la Sala.
La juez instructora de esta causa, Carmen Lamela, procesó a los nueve jóvenes como partícipes directos en la agresión, perpetrada el pasado 15 de octubre, por terrorismo en concurso ideal con delitos de atentado, de odio y lesiones.
"Todos ellos conocían con anterioridad la condición de guardias civiles del teniente y el sargento (agredidos), siendo está única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados", destacaba la juez.
A consecuencia de la agresión, uno de los agentes tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por las lesiones sufridas en una pierna y en la cara, mientras que el otro guardia civil y las parejas de ambos presentaban lesiones, magulladuras y hematomas.
El propósito del movimiento "OSPA", que lidera uno de los procesados, es, según Lamela, que los agentes se sientan "en todo momento objeto de grupúsculos violentos con el gran condicionante que ello supone para su vida diaria, llegando a tener miedo o dificultades para realizar actividades" cotidianas con sus mujeres.
