El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado este martes el anuncio de la licitación para comprar las 8.000 urnas que deben servir para celebrar el referéndum soberanista catalán.
El anuncio de la Conselleria de Gobernación, de tres páginas, detalla que se trata de dos lotes en los que invertirá un presupuesto "meramente orientativo" de 200.000 euros: 184.000 euros para "urnas electorales transparentes" y 16.000 para "urnas de cartón". La cifra de 8.000 urnas no figura en el anuncio, pero es la que han venido facilitando fuentes del Govern.
El anuncio, tal como estaba previsto, no hace alusión al referéndum independentista que la Generalitat quiere convocar para septiembre, pero sí a alude a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985, la disposición transitoria segunda del Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006 y a la Ley Orgánica de 1980 sobre regulación de las diferentes modalidades de referéndum.
También a las leyes catalanas de consultas populares por vía de referéndum (2010) y de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana (2014).
Las empresas que quieran optar al concurso tienen 15 días para presentarse, y el anuncio está firmado por el secretario general de la Conselleria, Francesc Esteve Balagué.
Será la primera vez que la Generalitat dispone de urnas propias y la licitación se presenta según el acuerdo marco alcanzado para suministrar "urnas en las elecciones al Parlament de Catalunya, consultas populares y otras formas de participación ciudadana", según el documento.
La licitación llega después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el resto de miembros del Govern firmaran un manifiesto en el que se comprometían a "organizar, convocar y celebrar" un referéndum sobre la independencia de Cataluña.
Por su parte, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, aseguró el viernes que la Fiscalía actuaría si la Generalitat de Cataluña daba pasos para organizar un referéndum de independencia, como podría ser la compra de urnas, porque ha sido prohibido por el Tribunal Constitucional. Además, recordó que este auto del TC vincula a los dirigentes políticos, a los funcionarios y también a las empresas.
En la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros, Méndez de Vigo explicó que la compra de urnas es de momento "un anuncio de un anuncio" y que la Fiscalía actuaría "si se traduce en hechos".
Recordó, en este punto, que la prohibición de organizar un referéndum "vinculaba" a políticos, funcionarios y empresas. "Más claro agua. Es bueno que se sepa", ha añadido preguntado por la posibilidad de que haya empresas dispuestas a participar en el proceso de compra de urnas.
