El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha negado hoy haber blanqueado dinero mediante sociedades en el extranjero como sostiene la Guardia Civil y ha afeado que la fiscal haya instado a investigarle "sorprendentemente cuando se ha demostrado que no ha habido fraude".
El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que llegó a los juzgados de la Plaza de Castilla, en Madrid, apenas dos minutos antes de su hora de citación, ha cargado además contra la ONIF, Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, que en 2015 interpuso la denuncia que inició el caso y cuyos "tres principales elementos", ha dicho, han sido desmontados.
El primero de ellos, ha insistido Rato en declaraciones a los periodistas, el supuesto alzamiento de bienes incluido en el escrito remitido por la Administración a la Fiscalía de Madrid y del que posteriormente "nunca" ha sido acusado.
Pero también el presunto fraude de más de 8 millones de euros por medio de movimientos de divisas en el extranjero que, "tras trece informes, ninguno concluyente, se ha demostrado que no hay".
"Todos esos dineros eran míos, perfectamente justificados, trazeados y explicados, no lo ha hecho la ONIF, que se ha negado a hacerlo, y lo he tenido que hacer yo con una pericial", ha relatado.
Citado la pasada semana por el juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, el expresidente de Bankia, que ha respondido sólo a preguntas de su abogada y durante una media hora, ha lamentado lo que entiende como una "búsqueda constante de cualquier delito" que justifique su detención en abril de 2015.
En declaraciones a Efe, ha calificado de "acreditadamente falsa" la denuncia de Antifraude, y ha criticado la postura de su entonces directora, Margarita García-Valdecasas, y de los dos inspectores que conformaban su equipo, pues "los datos veraces siempre estuvieron a disposición de la Agencia Tributaria, que prefirió ignorarlos para poder detenerme".
Aunque el mayor reproche de Rato, reproducido en directo por algunos de los medios presentes, ha ido dirigido a la fiscal Anticorrupción Elena Lorente, encargada del presente caso, que "sorprendentemente ha conseguido que se abra una pieza separada, cuando ya se ha demostrado en la principal que no ha habido fraude".
Ha insistido de este modo en el carácter "retrospectivo" de la causa sobre el origen de su patrimonio "pese a que está prohibido por el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado y por la ley".
Asimismo, se ha referido al tercer elemento del que alertaba la ONIF, el cobro de trabajos profesionales a través de sociedades, respecto a lo cual ha explicado que presentadores de televisión, "un ministro de Cultura que ha dimitido" e incluso algún presidente del Gobierno han incurrido en esta práctica sin que se le haya acusado por la vía penal.
Argumento que ya esgrimió en un escrito dirigido al magistrado el pasado mes de mayo y al que ha tenido acceso Efe, en el que solicitaba que se archivara esa parte de las pesquisas por ser un método "habitual en el mercado" y legal, usado por Felipe González y José María Aznar, de quien fuera "mano derecha" en el Gobierno.
"Me pregunto si en este caso lo que cuenta son las personas, no los hechos, y parece ser así", ha sentenciado.
La comparecencia de Rato se ha producido a fin de esclarecer si el exministro ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero y ha utilizado como testaferros a sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida.
Una diligencia que parte del informe de los investigadores de la UCO, que a principios de 2017 identificaron a las sociedades mercantiles Vivaway y Kradonara dentro de una operativa de la que, a partir de 2006, habrían comenzado a formar parte las sociedades Westcastle y Red Rose, canalizando presuntamente los fondos procedentes de las primeras.