La presidenta del PP vasco, Amaya Fernández, ha pedido que la competencia de prisiones "siga residenciada en el Gobierno de España" y ha preguntado a la sociedad vasca "si se puede tener confianza en que el Gobierno Vasco gestione" esta materia.
Fernández se ha referido, de esta manera, al hecho de que los Gobiernos central y vasco vayan a iniciar en febrero la negociación sobre un listado de 33 competencias pendientes de transferir a Euskadi, en el que se incluye la gestión de prisiones, pero no el régimen económico de la Seguridad Social. Los traspasos se producirían en el plazo de un año.
En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, la dirigente popular ha asegurado que los populares de Euskadi están comprometidos con el Estatuto de Gernika, "pero, por responsabilidad", tiene que decir que "es muy difícil que el PNV haga creer a los vascos que van a vivir mejor o que su nivel de bienestar va a incrementarse por el hecho de que se gestione prisiones" en el País Vasco.
"Tengo que decir con toda claridad que la política penitenciaria está regulada por ley y sabemos que, en última instancia, es un juez el que va a tomar la decisión sobre dos cuestiones muy importantes como son la progresión de grado o el acceso a la libertad condicional", ha añadido.
No obstante, ha apuntado que "también es cierto que el juez va a tomar sus decisiones fundamentadas en los informes que emitan las personas que trabajan en la cárceles, que a día de hoy esas personas dependen de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio del Interior, pero, después, pasarán a formar parte del Gobierno Vasco".
La líder del PP vasco ha recordado que, en la primera reunión que el lehendakari, Iñigo Urkullu, con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no se habló de Industria, que hay una situación muy complicada en Euskadi, no se habló tampoco de los problemas con la educación, sino de la petición de acercamiento de presos".
"Incluso antes de que se produjese la disolucion de ETA, todos pudimos escuchar declaraciones preocupantes de miembros del Gobierno Vasco que señalaban que los operativos de la Guardia Civil contra ETA no eran una buena noticia", ha manifestado.
Por ello, ha puesto sobre la mesa "si merece confianza que el Gobierno Vasco empiece a gestionar la competencia de prisiones con estos precedentes". "Yo, en este momento, creo que es más responsable que esa competencia siga residenciada en el Gobierno de España, porque es muy difícil que el PNV nos pueda vender a los vascos que eso significa que vamos a vivir mejor", ha reiterado.
Tras señalar que no cree que el PNV "esté pensando en todos los presos vascos que cumplen prisión por todo tipo de delito", ha apuntado que más bien "está pensando en los presos de la banda terrorista ETA".
SEGURIDAD SOCIAL
En cuanto al hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez hay excluido del calendario de transferencias la de la gestión económica de la Seguridad Social, Amaya Fernández ha explicado que en Euskadi hay un sistema "que es deficitario y que va 'in crescendo' año tras año". En este sentido, ha dicho que la Comunidad Autónoma Vasca tiene un déficit 3.000 millones de euros la Seguridad Social de pago de prestaciones y jubilaciones.
Por ello, ha explicado que el PP vasco tiene como principal objetivo en esta cuestión "asegurar el pago de las pensiones a los vascos" porque ahora "se enjuga" gracias a la solidaridad, sobre todo, por el superávit que tienen comunidades como Baleares o Madrid. "Creemos que la seguridad en el cobro de esas pensiones tiene que primar sobre cualquier otra consideración", ha indicado.
Para Fernández, la transferencia de competencias "es un proceso vivo que, por parte de los Gobiernos de España y vasco se siga el principios de lealtad institucional, que tiene que ser bidireccional".
ESTATUTO Y CONSTITUCIÓN
A su juicio, Euskadi tiene una autonomía "que no tiene parangón en el resto del mundo" y que el PP "defiende", pero "defender el Estatuto también tiene que ver con defender la Constitución porque es el pilar del autogobierno porque están recogidos los derechos históricos de los territorios forales".
En este sentido, ha recordado que la Carta Magna, "un día sí y otro también es atacada por los acuerdos entre el PNV y Bildu en el Parlamento Vasco de manera muy irresponsable".
