El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, afirma que todavía no es posible concretar una proyección real de los datos solicitados a los Registros Civiles en relación al número de fallecidos por COVID-19 porque ha pasado muy poco tiempo desde que esta solicitud se ha tramitado por decisión del Gobierno.
En declaraciones a la Cadena Ser, el titular de Justicia, ha referido que la única fuente fidedigna en este momento son los datos que diariamente facilitan las Comunidades Autónomas al Ministerio de Sanidad y que son cotejados por el Instituto Nacional de Estadística, siguiendo "criterios científicos muy claros".
"Solo se pueden contabilizar los fallecidos por la enfermedad", ha añadido Campo quien aclaró que los registros civiles "no cuentan muertos si no que inscriben hechos", además de aclarar que de los 8.100 registros civiles que hay en España solo 3.800 están informatizados, si bien significan una cobertura de atención jurídica del 92 por ciento de la población.
"Queremos conocer bien dónde y cuáles son las causas de las muertes. Todo el análisis que se pueda hacer de la realidad es bueno y los registros nos dirán dónde fallecen las personas, datos que deben ser posteriormente armonizados", apuntó el titular de Justicia, quien recalcó que en este momento "la única fuente fidedigna son las CC.AA.".
"Todos estamos aprendiendo día a día y tenemos que cotejar las informaciones de los registros civiles pero en dos días en imposible, por lo que no tenemos una proyección todavía concreta", afirmó el ministro, quien hizo un llamamiento a no especular con los datos hasta que sean confirmados.
El opinión de Campo el control telemático al que podríamos llegar "se hará con absoluta voluntariedad, similar al que pueden realizar unos padres con sus hijos menores para saber dónde se encuentran" en un momento determinado.
"Todos los derechos fundamentales de nuestro estado de Derecho siguen vigentes y el Real Decreto del Estado de Alarma lo único que restringe es la libertad de movimientos", señaló.
"El estado de Alarma no es una devaluación de los derechos, no es una supresión de los derechos, no tan siquiera es una mitigación de los derechos" afirmó el ministro de Justicia, quien aclaró que "el único derecho que está en cuestión por razones obvias es el de deambulación, el de moverme de aquí para allá".
"No vamos a llegar, ni el Gobierno ni las Cámaras lo consentirían, a establecer una medida de inculcación de derechos", aseveró Juan carlos Campo.
No debemos desvirtuar lo que es "exclusivamente una medida de concienciación y actuación social. No podemos ver esta circunstancia como una restricción de derechos "porque en ningún caso lo es", sentenció.
