La Coordinadora de Investigación y Universidades de la CGT y la CNT han hecho un llamamiento al conjunto de la comunidad universitaria y de centros de investigación de todo el Estado para ir a la huelga este miércoles 21 de octubre con el objetivo de "avanzar hacia un sector científico al servicio de las necesidades de la clase trabajadora".
Para reivindicar sus demandas, a las que se han sumado una quincena de organizaciones, también han convocado manifestaciones y concentraciones en varios puntos de España como Barcelona, Granada, Valencia o Madrid. En la capital, la manifestación tendrá lugar a las 18.00 horas en Atocha, finalizando su recorrido en Sol.
Los convocantes denuncian las "precarias condiciones laborales" tanto en el sector científico como en el universitario. En este sentido, critican que la no renovación de la plantilla y la falta de plazas que permitan la estabilización del personal no ha hecho más que agravarse en los últimos años y, a este respecto, la COVID-19 ha representado un "duro golpe a un sector ya gravemente castigado".
Asimismo, lamentan que, aprovechando la grave emergencia sanitaria, las instituciones (desde los Ministerios de Ciencia e Innovación y de Universidades, hasta los equipos de gobierno de los centros) han paralizado muchas de las negociaciones colectivas que estaban en marcha y han "ninguneado" a los representantes de los trabajadores en el momento de elaborar los planes de 'desescalada'.
"Llegados a este punto, con un sector científico y universitario apuntalado en la precariedad y con unos organismos despóticos que maltratan y explotan a sus trabajadores, consideramos que la única alternativa es la organización de los trabajadores para poner, de una vez por todas, la investigación y la universidad al servicio de la clase trabajadora", exponen.
Entre las demandas que los sindicatos consideran urgentes, se encuentran: revertir las "medidas mercantilizadoras" del sistema universitario y de investigación; avanzar hacia un sistema universitario público totalmente gratuito; y eliminar la contratación fraudulenta, asegurar la estabilización de la plantilla y la creación de un cuerpo único de investigadores, profesorado y PAS.
Igualmente, exigen: desarrollar un modelo de conciliación personal y doméstica; poner fin a la subcontratación de servicios básicos; cambiar los criterios de evaluación para fomentar la cooperación; y reorientar las políticas en Universidades y Centros de Investigación ante la COVID-19 para poner por delante la salud de las personas que trabajan y estudian.
