Desde este viernes están en vigor los primeros Presupuestos del Gobierno de coalición, cuyo aspecto más relevante es que permitirán adelantar más de 26.600 millones de euros de los fondos comprometidos por Europa para la recuperación del país, según coinciden en señalar los expertos consultados por EFE.

Para el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, lo más positivo de estos presupuestos es "que existen", después de dos años y medio de vigencia de las últimas cuentas del PP, que entraron en vigor en julio de 2018 y que difícilmente se corresponden con la coyuntura actual.

A ello suma la importancia del adelanto del dinero de los fondos europeos para la recuperación, porque considera que esperar a recibirlo hubiera impedido su utilización a tiempo, si bien señala como aspecto negativo que aún no está claro cómo se van a gastar esos fondos.

El Gobierno aún no ha aprobado el plan de recuperación que ha de enviar a Bruselas detallando las inversiones y reformas a las que se destinarán los recursos de la UE.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contemplan un techo de gasto histórico de 194.456 millones de euros que incluye un total de 26.634 millones con cargo a los fondos de recuperación: 2.436 millones del REACT-EU y 24.198 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

A eso se suman otros 8.000 millones del REACT-EU, que no figuran en los PGE porque se integran directamente en los presupuestos autonómicos.

Según el proyecto presupuestario, España calcula que la UE le desembolsará solo 6.788 millones en 2021, lo que supone un 25 % del total consignado para este año en las cuentas.

El director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, también destaca a EFE que la clave de estos presupuestos es su "capacidad y acierto" para canalizar los fondos europeos.

Coincide el director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, que opina que la aprobación de los presupuestos era una etapa necesaria para salir de la crisis y aprovechar los fondos europeos.

Los PGE contemplan un crecimiento económico previsto del 7,2 % en 2021, que podría llegar al 9,8 % con una ejecución completa de los fondos europeos previstos para este año.

"Ante el desplome de la demanda privada de consumo e inversión empresarial, era necesario un estímulo fiscal, algo que se consigue con el incremento de la inversión pública previsto en los nuevos PGE", añade Torres.

De la Fuente (Fedea) considera, sin embargo, que en la situación actual hubiera sido deseable que los PGE hubieran sido el resultado de un acuerdo más amplio, en el que también estuviera la oposición.

"Hacía falta un presupuesto de consenso y no haberlo conseguido es muy malo", señala.

Izquierdo (IEE), por su parte, señala como aspectos más negativos de los PGE que incluyen "importantes subidas" de impuestos, sobre todo para las empresas, y que consolidan un nivel de déficit estructural y de deuda pública muy elevado.

Respecto al quebranto de las finanzas públicas, Torres (Funcas) echa en falta un marco presupuestario a medio plazo, para restablecer los equilibrios en cuanto la demanda privada se haya recuperado de manera sostenida.

En su opinión, el impacto de las medidas fiscales anunciadas para 2021 será limitado "algo que hace pensar que el incremento de recaudación del 13 % previsto es optimista".

Por tanto, ve probable que la deuda pública se mantenga en torno al 120 % del PIB, la tasa estimada por Funcas para el cierre de 2020. 

Entre las novedades fiscales del PGE está la subida al 21 % del tipo de IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas, y el aumento de dos puntos del tipo del IRPF para rentas del trabajo superiores a 300.000 euros y de tres puntos para rentas del capital superiores a 200.000 euros.

Se incrementa del 6 al 8 % el impuesto sobre las primas de seguros y se eleva un punto (del 2,5 al 3,5 %) el tipo máximo del impuesto de patrimonio para las fortunas de más de 10 millones de euros, mientras que en el impuesto de sociedades se reduce del 100 al 95 % la exención de tributación de dividendos y plusvalías de filiales en el exterior.

Con todo ello la recaudación impositiva prevista es de 222.107 millones, que incluye la entrada en vigor a mediados de enero de los nuevos impuestos sobre servicios digitales y sobre transacciones financieras.