La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia de Podemos e IU contra 28 políticos y empresarios, entre ellos ocho ministros, a quienes acusaba de irregularidades en la gestación de la Operación Chamartín, que habrían causado un quebranto de 2.780 millones de euros.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el Ministerio Público ha cerrado las diligencias abiertas tras la denuncia de sendas formaciones políticas que presentaron en julio de 2019 ante Anticorrupción y que luego recayó en la Fiscalía Provincial.
El Ministerio Público ha dado carpetazo al no apreciar indicio alguno de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho y malversación, que atribuían los partidos a los 28 demandados.
Estos eran ocho ministros de Fomento (los más recientes, Íñigo de la Serna y José Luis Ábalos), dos presidentes de la Comunidad de Madrid (Esperanza Aguirre e Ignacio González) y dos alcaldes de la capital (Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella).
Los ministros que eran objeto de la denuncia son Josep Borrell (1991-1996), Rafael Arias Salgado (1996-2000), Francisco Álvarez Cascos (2000-2004), Magdalena Álvarez (2004-2009), José Blanco (2009-2011), Ana Pastor (2011-2016), Íñigo de la Serna (2016-2018) y José Luis Ábalos (2018 hasta hoy).
El Ayuntamiento aprobó en julio de 2019 la que es su mayor operación urbanística, Madrid Nuevo Norte, un proyecto conocido como Operación Chamartín y que ha estado bloqueado durante 26 años.
Aunque fue el gobierno municipal de la exalcaldesa Manuela Carmena el que firmó la redacción definitiva del proyecto, en la denuncia no aparece ninguno de sus miembros.
Podemos e IU consideraban que las condiciones del contrato inicial de 1993 mediante el cual Renfe concedió al consorcio privado Duch (actual Distrito Castellana Norte o DCN) los terrenos del recinto ferroviario de Chamartín se han ido modificado sustancialmente, pero sin que haya habido nuevas licitaciones, y que los sucesivos cambios han sido "claramente lucrativos" para la promotora.
Ambas formaciones calculaban un "quebranto a las arcas públicas" en función de tres conceptos. El principal es la modificación del precio, que dicen ha costado al Estado 2.117 millones de euros.
Esto se explica porque en el contrato original Renfe recibía un canon fijo de 17.000 millones de pesetas y un 53 % de los beneficios que originara la operación. Finalmente, Adif venderá sus terrenos (con un 71 % más de edificabilidad que en el primer plan) por 984 millones de euros, renunciando a cualquier plusvalía.
Por otro lado, añadían como perjuicio la rebaja de los costes de urbanización que se ha ido produciendo con las sucesivas modificaciones (de 1.924 a 1.341 millones euros) y los 80 millones de euros de IBI que, alegan, DCN debería haber pagado al Ayuntamiento de Madrid por su condición de adjudicataria.
Y agregaban otros elementos que podrían causar mayores perjuicios a las administraciones públicas y que no existían en el convenio de 1993: la inversión de la carga de los riesgos y sobrecostes, que ya no asumiría DCN; la concesión a la promotora de permisos de reventa de los terrenos y la ampliación de 5 a 20 años del plazo de pago concedido a esta.
"¿Cómo se puede explicar que, a lo largo de los últimos 25 años, se haya triplicado el terreno vendido por parte de Renfe y luego Adif y se haya cambiado varias de las cláusulas clave, la mayoría a favor de la empresa adjudicataria?", preguntaban Podemos e IU.
El resto de denunciados eran una exconcejala de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid (Concepción Dancausa), cuatro presidentes y dos directores generales de Renfe, cinco presidentes de Adif, un presidente del Canal de Isabel II, el expresidente del BBVA Francisco González y dos presidentes de Duch/DCN.
