Aunque la revisión de la Ponencia de Valores de Estepona deberá esperar hasta 2014, por imperativo legal según esgrime el Consistorio, ya se han comenzado los trabajos previos. Así, el Consistorio ha anunciado que está pendiente de que el Ministerio de Hacienda acuerde este mismo mes el nuevo coeficiente que permitirá modificar los valores catastrales en los que se basa la Ponencia de Valores. Estepona se encuentra entre las cien ciudades de España cuyos vecinos soportan mayor presión fiscal. El concejal de Economía y Hacienda, el popular Manuel Aguilar, se ha reunido esta semana con responsables de la Gerencia Territorial del Catastro para acordar el inicio del procedimiento legal que permitirá una bajada de los valores catastrales del municipio.
La rebaja de los valores catastrales oscilará -como mínimo- entre un 25 y un 30 por ciento porque “no podemos consentir que el parque inmobiliario de Estepona siga estando tasado por encima de los valores reales de mercado”. Además de la bajada lineal programada entre el Consistorio y la Gerencia Territorial del Catastro, se están estudiando “soluciones mixtas para aquellos suelos cuyos valores hayan bajado incluso más de un 25 ó 30 por ciento”.
Aguilar ha indicado que” urge” que los valores catastrales del municipio se revisen a la baja porque fue “injusta la subida adoptada en 2007 por el anterior equipo de Gobierno del que formaban parte los concejales del PSOE David Valadez, Cristina Rodríguez y Carlos Rodríguez y que coincidió con uno de los peores momentos, debido a que la crisis económica comenzaba a afectar negativamente a la ciudadanía”.
Para el popular, el incremento de los valores catastrales se produjo de forma “irracional”, dando lugar a un “brutal aumento del IBI, de los impuestos de la renta, de sociedades, de transmisiones y de sucesiones, así como a una subida de la plusvalía en el ámbito municipal”.
La nueva ley aprobada por el Gobierno Central el pasado 27 de diciembre establece que los ayuntamientos podrán aplicar una modificación lineal de los valores catastrales para evitar así situaciones de discriminación de unos suelos con respecto a otros. “Con esta herramienta podremos acordar una bajada de la que se puedan ver beneficiados todos los ciudadanos de forma similar y así evitaremos que una propiedad de Estepona soporte más presión fiscal que otra en un municipio con una ponencia devaluada”, ha subrayado Aguilar. En su opinión, esta circunstancia también influye negativamente a la hora de que turistas residenciales se animen a adquirir una propiedad en el municipio, lo que produce un bloqueo en este sector económico. Además de afectar al ámbito inmobiliario, Y, obviamente, incide en el consumo de la localidad, en su economía e incluso en el empleo.
