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El TSJA recibe la querella de Juana Rivas contra el juez y dará traslado a Fiscalía

Una vez que conteste la Fiscalía, la Sala será la que decida si admite a trámite o no la querella, un paso que previsiblemente no se dará hasta septiembre

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  • Sede regional del TSJA. -

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha recibido este viernes la querella interpuesta por Juana Rivas contra el juez Manuel Píñar, al que acusa de un delito continuado de prevaricación judicial y atentado contra la integridad moral. 

Fuentes del TSJA han informado de que darán este lunes traslado a la Fiscalía de la querella formalizada por Juana Rivas para que informe sobre su admisión o no, un informe que no es vinculante.

Una vez que conteste la Fiscalía, la Sala será la que decida si admite a trámite o no la querella, un paso que previsiblemente no se dará hasta septiembre. 

El abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ha presentado este viernes esta querella criminal contra el juez Manuel Píñar por delito continuado de prevaricación judicial y atentado contra la integridad moral (maltrato institucional) por sus "ilegales decisiones" durante la tramitación de la ejecutoria en este caso.

La querella, que ya había sido anunciada por el letrado de Rivas, se tramita en el TSJA porque el juez tiene la condición de aforado ya que es magistrado en activo.

Rivas, que fue condenada por la sustracción de sus dos hijos menores, ha dado este paso después de que el pasado 12 de julio el Tribunal Supremo (TS) avalara el indulto parcial que le concedió el Gobierno.

Según ha informado Aránguez, la querella se fundamenta, entre otros hechos, en que el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, "careciendo absolutamente de competencia para ello", tramitó en su día un expediente de indulto "con la única intención de informar negativamente sobre dicho beneficio, con absoluta parcialidad (alterando intencionadamente la realidad) y ocultando la propia existencia de ese expediente a la defensa".

Agrega la querella que sabiendo "perfectamente" que la sentencia condenatoria firme que se despachaba en la ejecutoria de Juana Rivas fue dictada por el Tribunal Supremo, usurpó las atribuciones del alto tribunal, dando lugar a la existencia de dos expedientes de indulto paralelos: "uno debidamente informado por el Tribunal Supremo, y otro al que jamás debió darse curso, y que fue informado con manifiesta parcialidad por el querellado". 

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