La Fiscalía de Granada investiga si el Ayuntamiento de Atarfe ha procedido o no a la sucesiva contratación de servicios de limpieza en centros educativos públicos y dependencias municipales pagando por ello a empresas sin seguir presuntamente el procedimiento establecido y sin que supuestamente haya contrato que lo ampare.
La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación penal para esclarecer este asunto a raíz de la denuncia que presentó el pasado 20 de septiembre el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Atarfe, Antonio Díaz, según consta en el decreto del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
La denuncia se dirige contra al alcalde de Atarfe, el socialista Pedro Martínez Parra, y en ella se alude a una "sucesiva contratación de servicios de limpieza en centros educativos públicos y dependencias municipales sin seguir --presuntamente-- el procedimiento legalmente establecido manteniendo una contumaz persistencia en la asignación y pago a determinadas empresas de limpieza de estos servicios, pese a la inexistencia de contratos que lo amparen", según se recoge en el decreto.
Desde el grupo municipal del PP afirman en la denuncia que se actuó de este modo a pesar de que hubo "reparos" desde la Intervención municipal y de las "advertencias realizadas en los sucesos plenos municipales" y cifran en más de 95.000 euros los pagos realizados a estas empresas.
La Fiscalía cree que los hechos podrían revestir relevancia penal, "sin perjuicio de la presente investigación", y en particular posibles delitos de prevaricación. Por ello, ha resuelto dar traslado a la Comandancia de la Guardia Civil para que investigue "la veracidad de los hechos denunciados y la identidad de las personas presuntamente responsables".
Agrega la fiscal que para el desarrollo de la investigación deberá ser aportado el informe del secretario del ayuntamiento en el que consten "los pagos realizados, los reparos de la Intervención municipal, los contratos, si existiesen, que amparen los pagos que se efectúan y las actas de los plenos municipales en los que se hayan realizado advertencias de ilegalidad".
