La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y Stop Represión han recurrido en apelación el archivo del que consideran un caso de detención ilegal y tortura por parte de la Policía Nacional en Granada el 23 mayo, coincidiendo con una de las manifestaciones convocadas por Vox en distintas ciudades.

Estas organizaciones han informado este lunes en un comunicado de que una joven que se encontraba ese día cerca del recorrido de la manifestación paseando al perro fue supuestamente retenida por varios agentes, que la habrían agarrado fuertemente del cuello, la zarandearon y golpearon y le causaron diversos hematomas.

En opinión de estos colectivos, en este caso se ha producido un incumplimiento de la legislación estatal e internacional en cuanto a la instrucción del procedimiento ya que, según han señalado, no se ha hecho una investigación "pronta, intensa y exhaustiva".

En el recurso de apelación interpuesto se recoge que, desde que se interpuso la denuncia el pasado 27 de mayo, todavía no se han practicado las diligencias de investigación esenciales destinadas a esclarecer los hechos.

En este sentido, las organizaciones señalan que, entre las pruebas que no se han practicado hasta ahora se encuentra la emisión de un informe médico forense y de un informe psicológico de conformidad con el Protocolo de Estambul.

"Ni siquiera se ha tomado declaración a los denunciados, diligencias que son fundamentales para el esclarecimiento de los hechos, a pesar de que los informes de urgencias emitidos durante la detención confirman múltiples contusiones por todo el cuerpo", han indicado.

Además, recuerdan que tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) obliga a los tribunales a llevar a cabo una labor de investigación especialmente intensa en supuestos de tortura.

En particular, sostienen que la existencia de lesiones tras un periodo de privación de libertad hace presumir la responsabilidad de los agentes encargados de la custodia de la persona detenida y que, por tanto, como ha reiterado el TEDH en numerosas ocasiones, es el Estado quien tiene el deber de proporcionar una explicación satisfactoria y convincente de las lesiones producidas.

Estas organizaciones han considerado que tal explicación no se ha producido y han recordado que no es la primera vez que se producen deficiencias en la instrucción de una denuncia de torturas o trato inhumano o degradante.

Stop Represión y la Apdha esperan que la Audiencia de Granada estime sus pretensiones, dada la "clara vulneración que se ha producido tanto del derecho a la integridad física y moral como del derecho a la tutela judicial efectiva".