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Sábado 23/01/2021

Andalucía

Covid-19: dispara un 111,7 % el concursos de personas físicas en juzgados andaluces

En el tercer trimestre del año se aprecian la reactivación de la actividad y los efectos de la crisis económica provocada por el covid-19

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  • Juzgados.

Los concursos de personas físicas presentados durante el tercer trimestre del año aumentaron en Andalucía un 111,7 por ciento como consecuencia de la crisis económica causada por la covid-19.

Después del impacto que el confinamiento, la suspensión de plazos procesales y la adopción de medidas de seguridad e higiene tuvieron en la actividad de los órganos judiciales durante el segundo trimestre de 2020, en el tercer trimestre del año se aprecian la reactivación de la actividad y los efectos de la crisis económica provocada por el covid-19.

Según el informe "Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales", hecho público este jueves por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, uno de los procedimientos que se vieron más afectados fueron los concursos.

En el tercer trimestre del año, sumando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, se alcanzó en Andalucía la cifra de 373, de los que 254 correspondieron a personas físicas no empresarios.

El total de concursos presentados ha experimentado un incremento del 30,4 % respecto al mismo trimestre de 2019, aunque el aumento mayor, del 111,7 %, se dio en los de personas físicas.

En los Juzgados de lo Mercantil de la comunidad andaluza se presentaron 119 concursos, un 28,3 por ciento menos que en el tercer trimestre de 2019.

Como en trimestres anteriores, Cataluña fue la Comunidad Autónoma donde se registraron más concursos en los Juzgados de lo Mercantil: 617, lo que supone el 34,6 por ciento del total nacional. Le siguieron Madrid, con 325; la Comunidad Valenciana, con 263; y Andalucía, con los 119 mencionados.

El número de concursos declarados en el tercer trimestre de 2020 en los Juzgados de lo Mercantil de la comunidad autónoma fue de 103, cantidad que representa una disminución del 5,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

A esta cifra se añaden los 18 concursos declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal.

En el tercer trimestre de 2020, llegaron a la fase de convenio un total de 18 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 64, un 6,7 por ciento más que en el mismo periodo de 2019.

Respecto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se presentaron en Andalucía un total de 4 expedientes, un 42,9 por ciento menos que en el tercer trimestre del año anterior.

En el tercer trimestre de 2020, también aumentaron significativamente las demandas por despido y, a nivel nacional, se presentaron un total de 41.597, un 34,3 por ciento más que en igual trimestre de 2019.

Madrid, con 10.054 (el 24,2 por ciento del total nacional) fue el territorio en el que se presentaron más demandas de este tipo; y le siguieron Cataluña, con 7.397 demandas; Andalucía, con 6.425 -un 39,3 por ciento más que en igual trimestre de 2019-; la Comunidad Valenciana, con 4.438; y Canarias, con 2.244.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social ascendió a 32.446, un 12,8 por ciento superior a las presentadas en el tercer trimestre de 2019.

De ellas, 6.544 se presentaron en Andalucía (el 20,2 por cien del total, un 28,6 por ciento de incremento interanual); 5.261, en Madrid; 3.407, en Cataluña; 2.745, en la Comunidad Valenciana; 2.425, en el País Vasco; 2.414, en Galicia; y 2.254, en Canarias.

El número global de lanzamientos practicados en Andalucía en el tercer trimestre de 2020 ascendió a 1.168, dato que refleja un descenso del 33,4 % respecto al mismo periodo del año anterior.

El 65,4 por ciento de los lanzamientos, 765, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que 342 (el 29,2 %) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 61 restantes obedecieron a otras causas.

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