La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y Stop Represión han anunciado un recurso de amparo contra el archivo del que consideran un caso de detención ilegal y tortura de la Policía Nacional coincidiendo con una manifestación convocada por Vox en Granada el pasado 23 de mayo.

Los hechos habrían tenido lugar cuando joven que se encontraba ese día cerca del recorrido de la marcha paseando al perro y fue supuestamente retenida por varios agentes, que la habrían agarrado fuertemente del cuello, la zarandearon y golpearon y le causaron diversos hematomas.

Estas organizaciones han señalado en un comunicado que la instrucción judicial ha sido "insuficiente" y que se ha decretado el sobreseimiento y archivo "de forma completamente arbitraria y sin haber agotado todos los medios de prueba posibles".

En su opinión, supone la vulneración la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que mantiene que, en supuestos en los que se denuncian torturas y malos tratos sufridos bajo custodia policial, la actuación judicial debe de ser especialmente intensa y perseverante, debiendo agotar todas las posibilidades de investigación.

En el recurso sostienen que se han vulnerado los derechos fundamentales a la integridad física y moral en relación con la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas la garantías y uso de los medios pertinentes de prueba.

Apuntan que este caso "reviste una especial trascendencia constitucional" y argumentan que el recurso plantea una dimensión de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional como es la cuestión de la aplicación de las exigencias de "motivación reforzada" a las resoluciones judiciales que califican unos daños sufridos durante la detención a manos de la policía como meras "lesiones leves" que no afectarían a la integridad moral.

El recurso también pone de manifiesto que la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la investigación de malos tratos prohibidos por el artículo 15 de la Constitución Española está siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria.

A este respecto, las organizaciones recuerdan que existe una jurisprudencia constitucional constante y sostenida desde 2007 que impone un especial mandato de desarrollar una exhaustiva investigación "agotando cuantas posibilidades de indagación resulten útiles para aclarar los hechos denunciados".

"Hasta ahora en ninguna de las resoluciones impugnadas se ha obtenido una respuesta específica sobre la adecuación de las diligencias efectuadas a la doctrina constitucional", han indicado.

Por todo ello, solicitan al alto tribunal que reconozca el derecho a la tutela judicial efectiva y declare que se han violado los derechos fundamentales de los 15 y 24 de la Constitución Española y que, por tanto, se revoquen todas y cada una de las resoluciones judiciales impugnadas.