El sector de Educación del sindicato CSIF ha denunciado este viernes en Huelva que las tareas burocráticas innecesarias que tienen que hacer los docentes restan horas de atención al alumnado y de preparación de sus clases, y ha propuesto un plan de choque para reducir este “exceso de papeleo superfluo” en los centros educativos, que además provoca “frustración y desmotivación” entre el profesorado.

De cara al inicio del curso escolar 2022-2023, que comienza la semana que viene, CSIF, a travéz de su portavoz del sector de Educación, José Luis Gómez, ha insistido en “el exceso de burocracia que soportan los profesionales de la educación pública y que les acompaña a lo largo de cada curso”. La central sindical asegura que “este ingente papeleo exigido por la Administración responde al establecimiento de mecanismos de control que denotan desconfianza hacia los profesionales de la educación y es fruto además de la inestabilidad de las leyes educativas”. En este sentido, “el profesorado tiene que estar constantemente justificando su trabajo y las decisiones pedagógicas que adopta, viéndose obligado a cumplimentar un sinfín de documentos y asumiendo tareas ajenas a su verdadero quehacer profesional”.

CSIF ha hecho un repaso de cómo afecta a tutores, equipos directivos o maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) este trabajo que “ha inundado la labor docente en los últimos años y que además la pandemia ha agudizado”, y ha ofrecido datos sobre el sentir del profesorado al respecto, recabados a través de una consulta realizada a través de la web de CSIF Educación Andalucía.

En este sentido, según los datos relativos a la provincia de Huelva,el sindicato señala que el 98% de los docentes considera su carga burocrática excesiva o abrumadora, y que el 62% de ellos emplea entre cinco y siete horas semanales a labores de este tipo. Más de 15 horas semanales dedican a estas labores el 15% de los encuestados.

“Queremos que este curso que entra sea el curso en el que se elimine el papeleo innecesario”, según se ha manifestado desde el sindicato, que ha argumentado que  “si las horas de dedicación a tareas burocráticas por parte de los docentes de un claustro se computaran conjuntamente se traducirían en docentes adicionales en cada centro y ello tendría un impacto positivo en cuanto a refuerzos, desdobles y una atención más individualizada del alumnado”.

De este modo, ha establecido una relación directa entre la burocracia docente, plantillas y ratio y ha afirmado que “la plantilla de docentes con la que cuenta la escuela pública no es suficiente”, por lo que ha abogado por “aprovechar la bajada de la natalidad para recudir la ratio de alumnos y alumnas por grupo en lugar de cerrar unidades de la escuela pública”.

En ese sentido, los docentes de Huelva que han participado en la encuesta han señalado en un 69% que el curso escolar comienza con la plantilla incompleta y el 15% asegura que se han reducido unidades en sus centros. En relación a la ratio, el 38% de los profesionales onubenses indica que se supera la ratio legalmente establecida: 25 alumnos, hasta un máximo de 27 (un 10%) que debe reservarse a matriculaciones sobrevenidas

También, de cara al inicio de curso, en cuanto a la mejora de los centros, el 38% afirma que no se han hecho obras durante los meses estivales y el 31% incide en que todavía no están acabadas. El 100% de los docentes subraya que no se han ejecutado obras relacionadas con la bioclimatización, con los problemas de bajas o altas temperaturas que se soportan en los centros en invierno y verano.

Como diagnóstico inicial, CSIF ha remarcadocomo más problemático la inestabilidad de las leyes educativas, la necesidad de mejorar la digitalización del sistema educativo, una plantilla insuficiente tanto docente como de personal de administración y servicios, las elevadas ratios y el exceso de burocracia.

Respecto a las propuestas que hace CSIF en su plan de choque para la mejora del sistema educativo públicodestacan el aumento de las plantillas, reducir la ratio, la mejora de la plataforma Séneca, establecer ratios máximas por cada profesional de PT y AL, y revisar y optimizar los procedimientos para evitar trámites redundantes.