El grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo está organizando un viaje de eurodiputados de varios partidos europeos para conocer la situación en la que se encuentra el Parque Nacional de Doñana, tras la tramitación en el Parlamento andaluz de una propuesta de ley que ampliará formalmente la zona regable en la parte norte de su territorio.
Así lo anunció este jueves la presidenta del grupo socialdemócrata en la Eurocámara, Iratxe García, que también avanzó que ha solicitado reuniones urgentes sobre este tema al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea a cargo de biodiversidad y materia climática, Frans Timmermans, y al comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius.
El viaje a Doñana, aún sin fecha, está abierto a eurodiputados de distintas nacionalidades y colores políticos; fuentes del grupo socialista señalaron que ya se han producido contactos con los grupos liberal (en el que se enmarca Ciudadanos a nivel europeo), de los Verdes/ALE y de La Izquierda.
La reunión con Timmermans, por su parte, podría celebrarse la próxima semana coincidiendo con el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), a donde se desplazan también los miembros de la Comisión Europea.
"El PP y Vox, en contra de los expertos, de la ciencia, de la Comisión Europea y de todas las directivas que estamos impulsando en materia de biodiversidad y protección de humedales, han decidido poner en riesgo la supervivencia de Doñana", lamentó García en un vídeo en redes sociales.
"Vamos a organizar una visita de eurodiputados a la zona para que conozcan la realidad de lo que está ocurriendo", añadió.
La polémica propuesta a la que ha dado luz verde el Ejecutivo autonómico, encabezado por Juan Manuel Moreno (PP) y apoyado por Vox, reconoce como agrícolas unas 800 hectáreas de los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, si bien precisa que no autorizará ninguna extracción de aguas del acuífero de Doñana, ya mermado por los pozos ilegales y también por la sequía.
Varios ministros han mostrado su contrariedad, incluyendo a la responsable de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha advertido de que el Gobierno tomará “todas las medidas que sean compatibles con la Constitución y el Derecho europeo” ante esta “frivolidad”.
La iniciativa podría ser aprobada por el pleno del parlamento regional entre mediados de mayo y mediados de julio, aunque cuenta con el rechazo de los partidos de la oposición: PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
