La Audiencia Provincial de Huelva considera que el cierre de pozos en fincas agrícolas de regadío de Doñana y su entorno en estos momentos es "desproporcionado" debido a "la falta de certidumbre" sobre "la legalidad de las extracciones".
Así se recoge en el auto de 15 de marzo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva por el que estima parcialmente el recurso de apelación formulado por varios agricultores contra la medida cautelar de clausura y precinto de los pozos existentes en la Finca Matalagrana (Almonte), adoptada el pasado mes diciembre por el Juzgado de Instrucción nº 2 de La Palma del Condado.
El auto, según ha informado en un comunicado la asociación de Agricultores de Doñana, sostiene que la legalidad de la extracción de agua de los pozos considerados "presenta numerosas dudas", sin que en este momento sea "fácil dilucidar" si las extracciones que se realizan "carecen o no de autorización".
Para la Audiencia Provincial de Huelva "parece un tanto desproporcionado, teniendo en cuenta el citado contexto de falta de certidumbre, la decisión de cerrar completamente unos pozos que vienen permaneciendo activos por un prolongado plazo de tiempo sin que la Administración competente haya considerado la adopción de una medida cautelar tan drástica".
Los 16 agricultores que explotan Matalagrana lo hacen desde 1996, año en el que comenzaron a suscribirse convenios de colaboración con el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) y el Ayuntamiento de Almonte, para la introducción de técnicas de cultivo compatibles con el medio ambiente en una finca de titularidad pública, siguiendo el dictamen de la Comisión de expertos para el desarrollo sostenible del entorno de Doñana (1992).
Por ello, la Audiencia Provincial de Huelva permitirá a los agricultores de Matalagrana, "bajo un estricto control administrativo", que incluye la instalación de un contador que controle el nivel de agua extraído", la verificación por el Seprona de que no existen otras vías de extracción de agua a las monitorizadas" y "no se podrá exceder el volumen fijado" por la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.
También insta a la a la Administración a que, "sin dilación", se pronuncie sobre la legalidad y o ilegalidad de los pozos y sondeos" y mientras tanto las extracciones se circunscribirán a "lo establecido en el Plan de Regadíos de la Corona Forestal de Doñana".
Para la asociación, esta decisión que les permite "continuar con sus explotaciones de agricultura ecológica e integrada durante la instrucción del proceso" ha evitado "el cese de una actividad económica esencial para el desarrollo económico y social de la comarca".
