Hace quince días que empezó el nuevo curso en los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de la provincia. Tras los primeros días de adaptación y ajuste, los directores de estos centros se han reunido para hacer balance y han criticado duramente la planificación que ha realizado la Consejería de Educación de la Junta.
En un comunicado remitido a este periódico, la Asociación de Directoras y Directores de IES de Andalucía (Adián) de Huelva han enumerado “cuestiones que han afectado y están afectando de manera perjudicial a todos los sectores de la comunidad educativa -alumnado, familias y profesorado-”.
En primer lugar, denuncian que “a día de hoy hay centros de la provincia donde falta profesorado, a pesar de estar solicitado desde el mes de julio”, una situación que es “especialmente grave” en el caso del Profesorado Técnico de Formación Profesional.
También advierten que “no se han cubierto todas las sustituciones solicitadas desde el principio del curso, y desconocemos qué criterios se han tenido en cuenta para que a algunos centros sí se les haya cubierto dichas bajas y a otros no”.
Otra queja viene motivada por el hecho de que “no se estén facilitando los recursos materiales necesarios para poner en marcha la Formación Profesional Básica, con grave perjuicio para el alumnado”.
También denuncian “la indefensión del alumnado que habiendo suspendido tres o cuatro asignaturas en el curso anterior en 1º de Bachillerato, y habiéndosele comunicado después de la prueba extraordinaria de septiembre que podrían repetir sólo con esas asignaturas, se ha visto obligado a repetir con el curso completo, una vez iniciado el curso actual”.
Del mismo modo, Adián manifiesta su “profundo malestar” por “la falta de confianza hacia las direcciones de los centros por parte de la Delegación Territorial de Educación de Huelva a la hora de planificar las unidades escolares y el números de profesores y profesoras para el presente curso”. Esto, a su juicio, “ha conllevado la masificación de clases en algunos centros y la inquietud de muchas familias durante el verano por no saber en qué centro estudiarían sus hijos e hijas”.
Por todo ello, insisten en “la improvisación y la inseguridad jurídica a la que la Consejería de Educación está sometiendo a la comunidad educativa, con el subsiguiente perjuicio a la hora de afrontar por parte de las Direcciones y del Profesorado cualquier decisión organizativa y pedagógica”.
