El Ministerio Fiscal pide tres años de prisión para dos personas por presunto delito continuado de estafa tras cerrar una clínica dental, en enero de 2009, seis meses después de su apertura en la calle Rábida de la capital onubense, y estafar presuntamente a pacientes y a los trabajadores contratados durante el citado periodo, a los que no hicieron efectivos sus salarios.

   Según reza el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, estas estafas, a una decena de personas, oscilan entre los 400 a los 13.000 euros, y el fiscal pide una indemnización conjunta de más de 32.000 euros a estas personas y de 8.284 a uno de estos pacientes por las lesiones sufridas, ya que tras interrumpir el tratamiento "lo dejaron sin piezas dentarias en la parte superior de la boca y sin muelas en la parte inferior", teniendo que continuar el tratamiento en otra clínica.

   Algunos de ellos hicieron pagos en metálico y otros financiaron la operación en plazos mensuales, teniendo que pagar el préstamo posteriormente, sin que diera comienzo el tratamiento en muchos casos o fueran interrumpidos, tras alegar los acusados falta de financiación, de materiales o enfermedad del doctor, entre otras excusas.

   La Fiscalía asegura que éstos solicitaron la licencia de apertura en julio de 2008, sin que les fuera concedida por parte del Ayuntamiento onubense al no atenderse los requerimientos efectuados por la administración.

   No obstante, pese a esta circunstancia, la clínica comenzó a funcionar, procediendo los acusados a la captación de clientes a quienes ofrecían tratamientos dentales sin tener la intención de efectuarlos o en su caso completarlos al carecer de fondos propios y de financiación necesaria para el desarrollo de su actividad.

50.000 EUROS EN MÁQUINAS

   Por un lado, todos los efectos y máquinas le fueron suministrados por una entidad, a través de una operación de leasing por importe de 50.000 euros y, por otro, no hicieron efectivo los salarios de los trabajadores contratados durante el periodo señalado.

   El fiscal considera que los acusados, fingiendo de esa manera una solvencia de la que carecían para cumplir con sus compromisos con los clientes, lograban de éstos la aceptación de sus presupuestos por sus tratamientos, así como que aceptasen la financiación que ellos mismos les proponían a través de otra entidad, pasando a cobro por domiciliación bancaria de las cuotas mensuales.

   El 21 de enero de 2009 la clínica cerró sus puertas sin previo aviso intentando trasladar los efectos y material médico y quirúrgico a Madrid, lo que no fue posible por la intervención policial. Unos meses después, en abril de ese año, ambos fueron detenidos en Madrid, tras recibir la Policía Nacional una decena de denuncias por esta estafa.

   El fiscal ha solicitado la declaración en la vista oral como testigos de algunos pacientes perjudicados y de los trabajadores afectados.