La denuncia del sindicato Satse contra el ya exdirector gerente del Complejo Hospitalario de Huelva por un posible delito de prevaricación en las listas de espera ha finalizado su recorrido judicial tras el archivo de las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía de Huelva.
El decreto de archivo de denuncia, fechado el 24 de octubre y firmado por el fiscal jefe, concluye que "no se aprecian hechos constitutivos de delito alguno".
Satse presentó esta denuncia el 12 de julio al detectar un presunto incumplimiento del decreto de garantías en los plazos asistenciales del SAS. Según indicó en su momento, la denuncia se interpuso tras adquirir un documento interno en el que la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario daba instrucciones al personal del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) sobre cómo atender a los usuarios "en función de si conocían o no el decreto de garantías para la espera de una consulta con un especialista". Según el sindicato, en dicho documento también se reconocía abiertamente que "no se cumplen con los tiempos de espera recogidos en la ley".
Pues bien, el ministerio fiscal afirma en su decreto, al que ha tenido acceso Viva Huelva, que de lo actuado "se desprende que la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario no ha elaborado ni dado instrucciones para que se efectuara el supuesto documento". De hecho, asegura que "consta justificado que se trata de un documento de trabajo realizado por un técnico del Servicio de Atención a la Ciudadanía en orden a homogenización en la prestación de los diferentes servicios a los ciudadanos, documento que carece de membrete, fecha y firma, en formato Word, susceptible de modificarse". En esta línea, afirma la Fiscalía que "este documento de trabajo -en suma, borrador inicial- ha sufrido importantes modificaciones".
Sobre las cifras de las listas de espera, indica la Fiscalía que "no se entrará en el análisis sobre la veracidad o mendacidad de las cifras aludidas", pero reseña que "el SAS tiene publicado en su página web un documento consultable que facilita detallada información sobre tiempos de respuesta asistencial".
Por todo ello, la Fiscalía archiva las diligencias de investigación, aunque abre a Satse la puerta para que continúe con el procedimiento a través de la Administración. Así, indica que, al margen de denuncias penales, "las exigencias de la sanidad y de la salud de los ciudadanos justifican que, si por el denunciante se apreciaran méritos para ello, se pueda -e incluso se deba, si es que no se ha hecho-, proceder a la denuncia de los hechos ante los Servicios de Inspección del Servicio Andaluz de Salud (SAS), caso de apreciarse conductas infractoras administrativas que comprometen la salud de los ciudadanos".
De hecho, el ministerio fiscal explica que esta denuncia administrativa debería ser el primer paso, "previo necesario y anterior a cualquier denuncia penal", ya que recuerda que el ámbito de la Justicia "se encamina a la investigación y depuración de conductas delictivas, pero no restablece por sí misma la calidad de los servicios sanitarios".
