El diputado provincial pide al Pleno que tanto la Diputación como el resto de administraciones (Junta y Gobierno Central) elaboren un catálogo de actuaciones de revisión periódica de las infraestructuras dependientes de las mismas, solicitando además que dichas revisiones las realicen siempre técnicos cualificados.
Tras el fatal derrumbe del puente Morandi en Génova (Italia) el pasado verano, que costó la vida a 43 personas, muchas voces de alerta advirtieron sobre el riesgo de un caso similar en España. “Afortunadamente” explica Gallardo, “las infraestructuras en España gozan en general de buena salud, según la opinión de los expertos y los Colegios Profesionales. Pero ello no nos debe hacer olvidar que es un riesgo que está ahí, y que debemos evitar”.
Muchas de las infraestructuras de todo tipo (carreteras, puentes, embalses, infraestructuras portuarias...) fueron construidas hace años, y muchas fueron pensadas para un uso mucho menor del que soportan actualmente. Como recuerda Gallardo, “un ejemplo claro lo tenemos muy cerca, en el Puente sifón de Santa Eulalia, diseñado inicialmente para canalizar el agua proveniente del canal del Piedras, utilizándose el mismo tablero tanto para la canalización como para el tránsito de vehículos, que con el paso de los años se quedó “pequeño”, lo que hizo necesaria la construcción de un segundo puente que ya soporta más tráfico del que es capaz de absorber”.
Las infraestructuras, según han comunicado recientemente los Colegios andaluces de Ingenieros de Caminos y de Arquitectos, no se están revisando de manera adecuada, no se siguen para ello unos criterios técnicos concretos y específicos y además “hay personal no suficientemente cualificado revisando las infraestructuras”. Las empresas de mantenimiento de infraestructuras no siempre emplean a técnicos para comprobar el buen (o mal) estado de puentes, presas y puertos de nuestra comunidad.
Por ello, Ruperto Gallardo reclama que, al igual que el Código Técnico de Edificación recoge la ITE (Inspección Técnica de Edificios) obligatoria en todos los casos y que se desarrolla en los Ayuntamientos a través de Ordenanzas, se desarrolle también por parte de las administraciones una Inspección Técnica obligatoria para Infraestructuras. “El asunto” concluye “debe tratarse a nivel nacional, aunque debamos empezar por aquellas administraciones en las que tengamos presencia, en este caso la Diputación, que es propietaria y responsable de sus propias infraestructuras; a partir de ahí debemos reclamar al resto de instituciones que hagan lo propio. Para ello resultará fundamental contar con los Colegios Profesionales, en la medida en que estén dispuestos a colaborar con las administraciones”.
