Un total de 23 colectivos de toda la provincia de Huelva y organizaciones ecologistas de ámbito estatal se han movilizado en contra del proyecto de ampliación del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva, cuya tramitación autonómica "acaba de iniciar el Gobierno de Andalucía en pleno estado de alarma por el Covid". Numerosos territorios se han solidarizado así para, según han declarado sus portavoces "gritar ¡basta ya! de colonizar la provincia con actividades extractivas e industriales que suponen un gravísimo impacto negativo en el medio ambiente, en el paisaje, con emisiones y residuos que constituyen un tremendo riesgo para la salud de la población y una amenaza para la biodiversidad, bajo el mantra engañoso de generar empleo”.
Según han indicado en un comunicado, "en pleno estado de alarma y grave crisis sanitaria, con la sociedad onubense confinada en su casa, el Gobierno andaluz ha sacado a información pública el proyecto para ampliar las instalaciones ya colmatadas del vertedero y permitir la construcción de una incineradora. Un proyecto promovido por Ditecsa, propietaria mayoritaria de las instalaciones, que desprecia las peticiones de su clausura por parte de la población, de organizaciones ecologistas e incluso del grupo político popular nervense, correligionario del presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla”, han afirmado desde los colectivos.
Este anuncio se ha producido "apenas unos días después de convalidar, igualmente en estado de alarma y con la representatividad política bajo mínimos, un decreto ley por la vía rápida que reduce los mecanismos de intervención en la actividad económica andaluza, limitando la capacidad de preservar el interés general, especialmente los requisitos medioambientales, la adecuación a la normativa intersectorial y la participación ciudadana", lamentan las organizaciones en su escrito.
Los colectivos consideran "en absoluto democrática" la actuación de la Junta de Andalucía "al tramitar en plena crisis sanitaria la fase de información pública de un proyecto que prevé una fuerte contestación social, tanto en la población de Nerva, como en el conjunto de la provincia, con la totalidad de la población recluida en sus viviendas y con sus derechos fundamentales de reunión y manifestación suspendidos", aún cuando el "corto plazo" previsto para presentar alegaciones se suspenda hasta que se levante el estado de alarma.
Los colectivos interpelan también al Ayuntamiento nervense, que en noviembre de 2019 habría informado favorablemente sobre la compatibilidad urbanística del proyecto de Ditecsa, “mientras el alcalde afirmaba que no había tal proyecto. ¿Se está engañando a la población?”, han planteado y han avisado de que a pesar de estas difíciles circunstancias, responderán con una fuerte movilización, presentando alegaciones e incluso acciones judiciales si es necesario.
Los colectivos exigen por tanto a ambas administraciones la clausura del vertedero" tras 25 años arrastrando una larga trayectoria de accidentes, incendios y vertidos ilegales", e instan a la Junta a no autorizar su ampliación. “El cierre y clausura definitiva debe ir acompañado de un plan de seguridad del que se haga responsable la empresa que ha explotado el vertedero, para el mantenimiento de la planta ya inactiva, la vigilancia de las filtraciones a cauces, de los gases y de las aguas subterráneas, por un plazo no inferior a treinta años, tiempo durante el cual este tipo de instalaciones peligrosas puede seguir entrañando un riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente”, insisten.
Además piden que la Administración adopte medidas necesarias para la recolocación de la plantilla laboral hacia economías realmente sólidas y sostenibles para el futuro. “La ya castigada población de Nerva, situada a menos de 600 metros del vertedero, y la Cuenca Minera no se merecen un nuevo atropello que hipoteque su futuro, su seguridad y su salud, en este caso con el mayor riesgo que entraña la planta incineradora”, han afirmado. Los colectivos de la zona han recordado también: “Nos mienten siempre. En 1995 las autoridades autonómicas andaluzas prometieron que el vertedero tendría una vida de diez años, que sólo sería para uso del triángulo formado por Sevilla, Cádiz y Huelva, y que necesitaría varios cientos de obreros para su funcionamiento. Veinticinco años después casi nada se ha cumplido. Hoy el vertedero sigue recibiendo residuos de toda España y también de Portugal, Italia y otros países europeos. Mientras tanto, responsables políticos de diverso signo nos decían que no habría ampliación del vertedero”.
Los colectivos advierten además de los graves riesgos ambientales que entrañan los accidentes en la planta de residuos, con vertidos al Río Tinto, un espacio de gran valor histórico, ambiental y paisajístico, que desemboca a su vez en otros no menos excepcionales, como Marismas del Odiel, el estuario y el litoral onubense, espacios protegidos por la normativa andaluza y europea. “El vertedero de Nerva es una amenaza que se suma a las saturadas balsas de Riotinto y a los peligrosos apilamientos de fosfoyesos en la marisma onubense, todos ellos huellas terribles de un modelo económico contrario a criterios de sostenibilidad social y ambiental, que hace una interpretación torticera del concepto de economía circular, y cuyas secuelas repelen cualquier reconversión en actividades más limpias. La provincia de Huelva debe dejar de ser un vertedero de residuos peligrosos. Necesitamos empleo, sí, pero digno, seguro, duradero y equilibrado con el medio ambiente. Y en este empeño estamos todas las comarcas unidas” han concluido las organizaciones incluidas en la protesta, que han anunciado una movilización creciente en toda la provincia que no ha hecho nada más que empezar.
