Nadie quiere hacerse cargo de los exempleados de Imesapi

Publicado: 16/09/2013
La justicia decidirá, tras la vista de ayer, el futuro de estas 30 familias
Todo el mundo echa balones fuera. Es lo que vivieron ayer los extrabajadores de la empresa Imesapi, que gestionaba hasta el pasado verano el alumbrado público, los semáforos, las fuentes y los mercados. Según explica el portavoz de los trabajadores, Javier Saeta, ayer, durante la vista celebrada en el juzgado de los contencioso-administrativo todas las partes afectadas “miraron hacia otro lado”. “Aquí va a resultar que los culpables de quedarnos sin trabajo vamos a ser nosotros”, asegura el portavoz.


A la vista estaban citados el Ayuntamiento de Jaén, que defendió que no podían legalmente subrogar los contratos en el nuevo pliego de condiciones; la antigua empresa Imesapi, que abandonó la concesión tras cobrar el dinero que se le debía del plan de pago a proveedores; la nueva empresa concesionaria, formada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Tecdoa Energy e Indra, que se ha atenido al pliego de condiciones elaborado por el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento; y los propios trabajadores, que siguen pidiendo que se les subroguen los contratos con la nueva concesión, después, en algunos de los casos, de cerca de 30 años de servicio.


Ahora el juez deberá decidir sobre el futuro de las 30 familias que durante el último año han estado protestando por su situación. Los extrabajadores dejaron de prestar servicio cuando la empresa Imesapi abandonó voluntariamente la gestión, tras acumular una deuda millonaria, que finalmente cobró gracias al plan de pago a proveedores. En aquel momento, el alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, se reunió con los extrabajadores y con los representantes sindicales y les prometió que sus contratos serían subrogados en el nuevo pliego de condiciones para la adjudicación del servicio que se realizara. Finalmente el pliego no recogía su subrogación y el concejal de Hacienda, Miguel Contreras, señaló en varias ocasiones que legalmente no se podía hacer. Un año después será la justicia quien decida sobre la situación laboral de estos trabajadores.

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