El concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, dijo ayer que el Ayuntamiento está aún evaluando el impacto económico que va a tener en las arcas municipales el hecho de que el operador postal del Ayuntamiento, Unipost, haya dejado de prestar servicio y, antes de hacerlo, haya dejado sin notificar en torno a 4.000 sanciones de tráfico y otro tipo de expedientes que podrían haber prescrito ya. Bonilla informó de que el Consistorio va a pedir daños y perjuicios a la empresa Unipost además de incautar la garantía que la empresa dejó en depósito cuando se hizo cargo del servicio de notificaciones y que se estima en unos 200.000 euros. Unipost dejó el servicio en abril, pero el Ayuntamiento ha tenido constancia de que las notificaciones de multas y otros expedientes dejaron de realizarse en el mes de noviembre, como indicó ayer Bonilla. Aunque el Ayuntamiento ya ha anunciado que rescindirá el contrato con Unipost, hasta este mes de mayo no finaliza el plazo para la presentación de alegaciones, por lo que el proceso para contratar a un nuevo operador se demorará aún en el tiempo, máxime por las exigencias más estrictas de la nueva Ley de Contratos del Estado.