El Gobierno local va a sacar adelante en el Pleno municipal de este viernes una serie de modificaciones presupuestarias que fundamentalmente tratan de atender el incremento de los costes salariales derivados de los acuerdos alcanzados en estos últimos meses con diferentes colectivos.

Como ya adelantó este medio, el importe total de las modificaciones asciende a 27,6 millones de euros, de los que 21,4 están destinados a cubrir los compromisos generados en el capítulo 1 (Personal). Esas necesidades se extienden prácticamente a todos los departamentos municipales, pero por encima de todos destaca la exigencia de dotar a los funcionarios de la Policía Local con una cantidad de 9,4 millones de euros adicional a la contemplada en el presupuesto, que no conviene olvidar es el prorrogado del ejercicio 2022.

Sobresale la partida que tendrá que destinarse al abono de los complementos específicos, que asciende a 4,5 millones de euros; pero tampoco se queda atrás el capítulo de gratificaciones, al que se inyecta una cantidad adicional a la prevista de 2,9 millones de euros.

Los pagos a la Seguridad Social aumentan en 537.307 euros; los complementos de destino en 500.829 euros y las productividades lo hacen en 495.063 euros, por citar algunas de las cifras más sobresalientes.

Más allá de lo que afecta directamente al personal funcionario de la Policía Local, el importe adicional que se destinará al pago de las gratificaciones al resto de la plantilla municipal –sin contar entidades dependientes- asciende a 992.279 euros; mientras que las productividades generan igualmente un sobrecoste de 580.866 euros.

Por tanto, el importe total de las gratificaciones adicionales se eleva a 3,9 millones de euros; mientras que el de las productividades asciende a 1.075.020 euros. 

Esas cantidades adicionales para cubrir todas las modificaciones presupuestarias que va a llevar a cabo el Gobierno local saldrán del remanente de Tesorería (25,2 millones) y del Fondo de Contingencia (2,4 millones), a pesar de que el informe del interventor ya advierte de que la utilización de la primera de estas herramientas “tendrá un efecto negativo sobre el cumplimiento del superávit presupuestario y de la regla de gasto en 2024”.

El informe cuestiona igualmente las políticas de personal del Ayuntamiento y cita expresamente el acuerdo regulador de régimen especial del cuerpo de la Policía Local y la retribución de la anulación de permisos semanales mediante el concepto de gratificación, “práctica que se ha venido realizando desde hace varios años, por diferentes corporaciones” y que termina originando un sobrecoste que debe consignarse debidamente en el presupuesto municipal.

Estas cuestiones llevan al Ayuntamiento a incumplir los límites establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local respecto a las cuantías destinadas a productividades y gratificaciones “y la actual modificación presupuestaria ahonda en ello”.

Por todo lo anterior, el informe del interventor concluye que “se debe hacer un esfuerzo en la estabilización y ordenación tanto del personal municipal como en la estructura retributiva del mismo, respetando, en cualquier caso, los límites retributivos establecidos con carácter general en la normativa específica local y en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado”.