La novena jornada de huelga indefinida del sector del metal comenzó, como es habitual, con piquetes informativos desde las 06.00 horas en Cádiz y San Fernando. Y poco después de las 09.00 horas, cuando los alumnos más rezagados franquearon la entrada del CEIP Viento del Sur, se desató una nueva batalla campal en las calles de la barriada del Río San Pedro, en Puerto Real.
En la zona se desplegaron hasta una veintena de Unidades de Intervención Policial (UIP) para tratar de dispersar a los manifestantes y controlar las protestas, cuya intensidad crecía por momentos.
Comenzó entonces el lanzamiento de piedras, botellas y canicas con tirachinas, de un lado, y pelotas de goma, en otro, en uno de los episodios más violentos registrados desde el inicio del conflicto.
Un agente consolaba a una joven junto a su vehículo, que sufrió daños de consideración por los altercados, y una mujer, con la puerta entornada, lamentaba los destrozos mientras observaba las escaramuzas entre los participantes de los disturbios y los funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
“Nosotros estamos a favor de la huelga”, aseguró, pero “no tienen por qué venir y destrozar un barrio. Aquí no hemos hecho nada”.
Bien entrado el mediodía, los enfrentamientos continuaron desarrollándose en las inmediaciones de una guardería y el centro escolar, que tuvieron que cerrar las ventanas para evitar que se colara el humo tóxico por la quema de contenedores con salfumán y donde se vivieron los momentos más tensos con los vecinos advirtiendo, impotentes, de la cercanía de menores.
La Policía Nacional, no obstante, evitó por segundo día consecutivo recurrir a la tanqueta blindada que sí usó el pasado lunes, lo que levantó las críticas airadas de Unidas Podemos (UP), socio del Gobierno, reclamando directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que retirara este vehículo de seis ruedas.
La actuación durante la manifestación de este martes en la capital también fue cuestionada, hasta el punto de que el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, pidió la dimisión del subdelegado del Gobierno en la provincia, José Antonio Pacheco, por “el uso desproporcionado de la fuerza” contra los participantes de la marcha y, por su parte, la portavoz de Adelante Andalucía y parlamentaria andaluza no adscrita, Teresa Rodríguez, apuntando alto, exigió que también dejara su cargo de manera inmediata Grande-Marlaska.
Por todo ello, anoche, entre las 20.00 y las 22.00 horas, se celebró una concentración ciudadana entre Puertas de Tierra hasta la plaza Asdrúbal denunciando “la represión policial”.
“Nos están criminalizando”, lamentó sin embargo, Antonio Flores, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP). “Es una vergüenza lo que está pasando”, agregó. Flores, que ayer se desplazó a Sevilla para participar en una concentración contra las modificaciones propuestas de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, justificó tanto la manera de proceder de los compañeros el martes como la presencia en las calles del Blindado Medio sobre Ruedas (BMR).
“No es una tanqueta”, explicó en conversación telefónica. “Es una vehículo no operativo que funciona como un tractor”, añadió, e insistió en que solo sirve para despejar la vía de obstáculos como elementos incendiarios que ponen en riesgo la seguridad de los propios manifestantes, la Policía y los viandantes”.
De hecho, gracias a su uso en la barriada del Río San Pedro, los bomberos pudieron actuar ante el fuego de una barricada que amenazaba una vivienda próxima, se permitió a un autobús con niños con discapacidad volver a su casa y este miércoles se retiraron cubos que ardían junto al centro escolar.
“Sin el BMR estamos abocados al cuerpo a cuerpo”, señaló, lo que ha dejado lamentables escenas por las cargas. “Comprendemos las reivindicaciones y respetamos a los trabajadores”, aclara, “pero no se puede permitir que haya personas que nos estén lanzando tornillos y bolas de hierro. Tengo a un compañero con un boquete en el pie y ya son nueve los heridos”.
En cuanto a la manifestación del martes, apuntó que el grueso abandonó el recorrido autorizado y enfilaron el puente Carranza. “No se podía permitir que cortaran un acceso esencial para la seguridad de la ciudad”, remarca. “Pero todo se politizó injustamente”. Y recordó a quienes ponen la lupa sobre su labor que “a ninguno nos gusta estar ahí”.
