Los cuatro activistas de Greenpeace liberados en Copenhague, entre ellos el español Juan López de Uralde, criticaron ayer la “represión” a la que la policía danesa sometió a las organizaciones sociales durante la reciente cumbre climática.

En una rueda de prensa celebrada a bordo del buque insignia de la organización ecologista, Rainbow Warrior, el director de Greenpeace en España sostuvo que el trato recibido por los cuatro ecologistas durante sus veinte días de prisión preventiva ha sido “innecesariamente cruel”.

Denunció la incomunicación que han vivido hasta su puesta de libertad de ayer y señaló que las medidas adoptadas contra los cuatro miembros de Greenpeace han sido “absolutamente desproporcionadas” con respecto a las faltas cometidas.

López de Uralde y otros dos activistas fueron detenidos el 17 de diciembre después de que se colaran en la cena de gala ofrecida por la Reina Margarita de Dinamarca a los jefes de Estado y de Gobierno y exigieran un acuerdo ambicioso contra el cambio climático. Un cuarto activista fue detenido días después.

López de Uralde y sus tres compañeros –la noruega Nora Christiansen, el suizo Christian Schmutz y el holandés Joris Thijssen– fueron puestos en libertad este miércoles. Sobre ellos pesan los cargos de allanamiento de morada, suplantación de la autoridad pública y falsificación de documentos.

El director de Greenpeace en España dijo que está “muy tranquilo” acerca del futuro proceso judicial, para el que aún no se ha fijado fecha, pese a que la pena podría ser de hasta seis años de cárcel.

El director de Greenpeace Internacional, el sudafricano Kumi Naidoo, criticó la dureza de la actuación policial y sostuvo que en actos similares desarrollados en los últimos meses en Bruselas o Barcelona, los activistas pasaron un máximo de tres días en prisión.

Naidoo aseguró que la “historia juzgará quiénes fueron los criminales en la cumbre de Copenhague” y aseguró que señalará a los líderes mundiales, que “fracasaron” en alcanzar un acuerdo contra el cambio climático, y no a los cuatro activistas de Greenpeace.

Afirmó que la detención y encarcelamiento de los activistas ha servido de “desafortunada distracción” sobre por qué acudieron tantas organizaciones sociales a Copenhague y por qué los políticos no “cumplieron con su responsabilidad”.

Explicó que Greenpeace se ha puesto en contacto con el Instituto Danés de Derechos Humanos para “explorar la cuestión” del arresto pero insistió en que eso “no debe desviar la atención” y reclamó a los Gobierno que alcancen un acuerdo que “salve el futuro”.

El holandés Joris Thijssen admitió que su acto de protesta “puede que fuera algo travieso” pero insistió en que la medida estaba “justificada” ante la “terrible amenaza” que supone el cambio climático y la necesidad que urgir a los políticos a actuar.

López de Uralde argumentó que ya la primera noche de su detención un policía les comunicó que no habían “cometido ningún crimen” y que un día más tarde se les expulsaría del país.

“Algo pasó esa noche y hubo un cambio en su postura”, apuntó.

Preguntado sobre si su prolongada estancia en prisión fue un acto de “venganza policial”, respondió que “no contradeciría” esa afirmación.

También señaló que la organización ecologista “siempre ha asumido” la responsabilidad de sus acciones y las represalias que éstas puedan acarrear, pero insistió en que debe haber una “proporcionalidad” entre el castigo y la falta cometida.

“Y en esta ocasión no ha existido”, agregó López de Uralde, quien afirmó que volvería a actuar “mil veces” de la misma manera.

Argumentó que la presión ciudadana internacional es la que ha permitido que se les pusiera en libertad y criticó que, de los veinte días que han pasado en prisión, sólo se les sometió a un interrogatorio el último día, durante apenas 15 minutos.

Defendió que en las sociedades democráticas “debe haber espacio para la protesta pacífica” y exigió al Gobierno de México, que acogerá la próxima cumbre climática, que “garantice” el derecho y la libertad de la sociedad civil a pedir “respuestas” a sus líderes.

“No se puede ni se debe reprimir el movimiento ciudadano contra el cambio climático”, agregó.