Antonio Santiago es transportista de la provincia de Cádiz y tiene su camión parado desde hace dos semanas. Tomó esta decisión tras acudir a repostar a una estación de servicio. “Eché 700 euros de gasoil para llenar los 470 litros del depósito. Esto es insostenible; es lo comido por lo servido o poner dinero de tu bolsillo para ir a trabajar”, señala a INFORMACIÓN. Lleva 25 años en el sector, desde que tenía 21, pero nunca ha visto el futuro tan negro como ahora. “Ha habido crisis, pero esta vez es la peor, estamos trabajando a pérdidas”. Santiago lo tiene claro. Desde este lunes a las 00.00 horas secundará los paros indefinidos que han convocado en todo el país la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, Plataforma Nacional, a la que está afiliado, como “más del 90 por ciento” de los transportistas gaditanos, asegura. En total, según estimaciones del colectivo, la convocatoria podría parar en la provincia al menos a más de un millar de transportistas y a unas 300 pymes. Al tratarse de una protesta a nivel nacional, el desabastecimiento no tardaría en llegar, avisan.
“Somos pacíficos, hay unos servicios mínimos, pero las estanterías van a quedarse vacías y la población al entrar en pánico ayuda también a acabar antes con los suministros”, apunta. En cualquier caso, dejan claro que no van a interferir en el tráfico de los transportistas, ni creen que el combustible se agote. A día de hoy, defiende, la Plataforma Nacional “son los únicos que pueden sacar adelante esta situación”. No ve otra solución que ir a los paros, salvo que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, acceda a sentarse con ellos y escuche sus reivindicaciones, que no se refieren únicamente a la escalada de precios del combustible, independientemente de que haya sido la gota que ha colmado el vaso. “Son un cúmulo de cosas”, apostilla, tanto en materia del sector como laboral.
Según el escrito remitido a Gobierno nacional tras su última asamblea, reclaman el control del precio del gasoil, cuyo incremento cifran en más de un 30% en los últimos tres meses, la prohibición de los contratos a pérdidas en el sector que imponen a los autónomos y a las pymes “impuestos” por las grandes comercializadoras que les subcontrata, y una serie de peticiones de nivel laboral: jubilación a los 60 años para los conductores profesionales o que sus accidentes sean considerados siniestros laborales y no de tráfico, entre otras. A 24 horas de que expire el plazo para iniciar la protesta, siguen abiertos a negociar, por lo que “lamentan” que estén “obligados” a irse a los paros “por la prepotencia de la ministra. Cuanto más tiempo tarde en sentarse con nosotros, añade, más vamos a sufrirlo todos en nuestras carnes”, advierten.
Mientras tanto, los principales sindicatos, CCOO y UGT han convocado cuatro días de huelga, para los días 21,24,28 y 31. Una decisión que en la plataforma achacan a un intento de “intentar confundir a la población”, a la par que consideran que es un sinsentido que se pise con su convocatoria. “¡Qué clase de huelga van a convocar ellos cuando ya nosotros estamos parados!”, sentencian.
Por su parte, el presidente de la patronal de las gasolineras de Cádiz, Francisco Aguilar, llama a la calma y descarta de manera tajante problemas de abastecimiento en los surtidores de la provincia, donde aseguran que trabajan “con normalidad”.
“El suministro está garantizado por ley con los servicios mínimos”, reitera Aguilar, si finalmente la huelga siguiera adelante, puesto que los camiones cisternas “serían custodiados por la Guardia Civil sin problemas” si fuera necesario para abastecer a las gasolineras, que llevan días registrando colas por la subida del precio por la guerra de Ucrania y el temor de los consumidores a que los paros las dejen sin combustible.
“Se está mezclando todo; hemos pasado por otras convocatorias de huelgas”, asegura Aguilar, que cree que no se atreve a dar una estimación para “regular la oferta y la demanda y minimizar la dependencia energética con Rusia para tener alternativas de aprovisionamiento de crudo” ante la “distorsión” del mercado. De momento, han pedido al Gobierno la rebaja de IVA del 21 al 10%, pero no han recibido respuesta. “La psicosis nos afecta a todos. Estamos doblemente perjudicados, vendemos más un día, pero se contrae el consumo”, concluye.
