El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) y el Sindicato de Personal de Justicia-USO (SPJ) han solicitado al Gobierno andaluz esta semana en la Mesa Sectorial de Justicia de Andalucía, que no se les apliquen de inmediato los descuentos a aquellos funcionarios de los cuatro cuerpos generales, que desde el pasado mes de abril han venido secundando parcial o totalmente las jornadas de huelga, que convocaron cinco organizaciones sindicales en toda España para reclamar mejoras profesionales y salariales para los 45.000 empleados públicos del Estado (unos 2.000 en la provincia de Málaga).           En algunas comunidades autónomas han comenzado a realizarse estos descuentos, cuya estimación en Andalucía sería de unos 90 euros diarios de media por jornada completa realizada.         La huelga fue convocada el pasado 17 de abril después del acuerdo al que llegó el Ministerio con tres asociaciones de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) el 28 de marzo, y se inició con protestas de tres horas diarias, para pasar a ser a partir de mayo y junio de días completos, lo que supuso la suspensión de más de 4.000 actuaciones judiciales en los juzgados de la provincia malagueña.        Tras la suspensión de las protestas por la convocatoria de elecciones generales el 23 de julio, y el aplazamiento de cualquier negociación por la interinidad del equipo de la ministra de Justicia, Pilar Llop, la Consejería de Justicia de Andalucía ha retomado el procedimiento para descontar de las nóminas las horas no trabajadas por el ejercicio del derecho a la huelga.             En este sentido, el sindicato STAJ pidió en la reunión de Sevilla que no se aplicase descuento de cantidad alguna, ya que "por parte del Ministerio de Justicia no se ha cumplido su obligación de negociar o intentar negociar el fin de la huelga, tal y como el artículo 8.2 de la ley".         Esta organización sindical ha solicitado también a la Junta de Andalucía, que tiene competencias transferidas en materia de Justicia y abona las nóminas mensualmente de los cerca de 9.000 funcionarios en la comunidad autónoma, que acredite el ejercicio efectivo de los días de paro para que los trabajadores afectados puedan efectuar las alegaciones pertinentes en caso de discrepancias con los controles realizados en cada oficina judicial, tanto por los antiguos secretarios o mediante medios tecnológicos de registro.      COMPENSACIÓN POR LOS RECORTES DE 2013 Y 2014        Por su parte, SPJ-USO recordó a los representantes del Gobierno de Moreno Bonilla que en los años 2013 y 2014 se les aplicó un recorte de salarios a los funcionarios, deuda que fue reconocida en noviembre de 2018 y que equivaldría a dos pagas extraordinarias.        Como opción los sindicatos también han planteado en la Mesa Sectorial de Sevilla que se compensen las horas de huelga secundadas por jornadas de trabajo de tarde voluntarias, o con las fijadas en la bolsa de horas de libre disposición (5% del número total anual), lo que permitiría compensar hasta 11 días de paro efectivo.         Frente a los descuentos ya realizados por el Ministerio de Justicia a los letrados judiciales (cuerpo superior que no está transferido a las comunidades autónomas) por la huelga de entre enero a marzo de este año, los sindicatos de funcionarios han pedido a la Consejería de Justicia, que dirige José Antonio Nieto, que los descuentos se realicen fraccionados y no en su totalidad en una sola nómina mensual para evitar "el grave desequilibrio económico que puede suponer en muchas familias".           El departamento de Justicia se comprometió a consultar a los diferentes órganos internos de la Junta los sistemas de detracción de dichos importes por los días de huelga secundados.        SPJ-USO pidió a la Consejería que los "descuentos se hicieran de forma proporcionada y no de golpe como se han realizado en otros territorios, dejando a compañeros prácticamente sin ingresos en la mensualidad de detracción".         Fuentes sindicales indicaron que, previsiblemente, a partir de la semana que viene la Consejería de Justicia comenzará a comunicar a cada funcionario cada día de paro, total o parcial, que ha secundado, y que esté registrado en la aplicación interna Hermes, así como las justificaciones en caso de no haber acudido ese día al juzgado correspondiente. Se dispondrá luego de 30 días para alegar en caso de disconformidad desde el momento de la notificación efectiva.         Este proceso de descuentos podría prolongarse más de cuatro meses, e incluso ampliarse, ya que el conflicto laboral sigue sin resolverse al no existir fecha para retomar la negociación.           La jornada ordinaria diaria de los funcionarios de Justicia en Andalucía está fijada en siete horas y media, y en seis horas y media en el caso de que fuera reducida. A los descuentos se les aplicarán también la parte proporcional de las pagas extraordinarias.