El campo está “comprometido” con las medidas de ahorro de agua dictadas por la Comisión de Gestión de la Sequía de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate, que este miércoles aprobó elevar del 25 al 50 por ciento el recorte del consumo autorizado para los cultivos de regadío del sistema Guadalete dada la situación de “escasez grave” en la que se encuentra.

El secretario general de COAG-Cádiz, Miguel Pérez, admite que estas medidas no han pillado por sorpresa a los agricultores, que de algún modo “esperaban” que se adoptara esta decisión “a tenor de los datos” objetivos de falta de agua “y por entrar en sequía severa”.

Eso no significa que la noticia no suponga un varapalo para un sector especialmente castigado por las escasas precipitaciones registradas en estos últimos años y el progresivo incremento de los costes de producción.

Sin embargo, los regantes ya tenían de algún modo “el cuerpo hecho” ante este nuevo escenario y ahora lo que se muestran es “comprometidos con las medidas de ahorro” y conscientes de que “no hay más remedio” que esperar a que en el año hidrológico que acaba de comenzar “se rompa la dinámica tan negativa” que se viene observando desde el ciclo 2018/2019.

Para hacerse a una idea de la magnitud de esta medida, valga recordar que hace justamente un año, esa misma comisión aprobó un recorte del 25 por ciento del consumo autorizado para los alrededor de dos mil regantes de la Comunidad del Guadalcacín, en lo que ya entonces se consideraba una medida histórica.

Ahora, ese recorte será del 50 por ciento, lo que implicará que en los próximos doce meses apenas se puedan consumir más de 2.500 metros cúbicos de agua por hectárea, muy por debajo de los 5.030 que venían siendo habituales antes de este prolongado episodio de ausencia de precipitaciones.

Los regantes llevan doce meses apretándose el cinturón y ahora tendrán que hacerlo aún más, pero a lo largo del nuevo año hidrológico van a llegar también restricciones al consumo urbano, lo que terminará afectando al ciudadano de a pie.

La Comisión ya ha aprobado igualmente un ahorro del 20 por ciento del consumo urbano e industrial, que no se sabe todavía en qué se va a traducir exactamente. Sí ha trascendido que serán los propios ayuntamientos quienes tengan que adoptar las medidas que estimen oportunas para cumplir con ese objetivo.

Por tanto, a partir de ahora se abre un nuevo debate que se antoja especialmente sensible. Sin ir más lejos, este pasado verano alrededor de un centenar de municipios andaluces se vieron obligados a adoptar medidas de ahorro en el suministro de agua.

Hubo restricciones en servicios que hasta no hace mucho tiempo parecían muy lejanas –como las duchas de las playas- e incluso cortes en el suministro en horario nocturno.

Los pantanos de la provincia de Cádiz embalsan actualmente 298,48 hectómetros cúbicos de agua, encontrándose únicamente al 16,46 por ciento de su capacidad. Hace justo un año –ya en situación de sequía- embalsaban 436,11 hectómetros.