Hace ya casi un mes -el pasado 27 de septiembre- la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, aseguró públicamente que había trasladado al Ministerio de Hacienda su negativa a “subir impuestos y recortar servicios”, que a su juicio era lo que planteaba el Estado para mantener a flote a un Ayuntamiento con “más de 950 millones de euros” de deuda financiera.  

García-Pelayo fue entonces taxativa a la hora de afirmar que el tiempo había “demostrado” que aplicar “las mismas medidas de siempre” carecía de utilidad. Indudablemente, aquellas afirmaciones presagiaban un desencuentro que se ha hecho más palpable aún a lo largo de esta semana, cuando el teniente de alcaldesa Jaime Espinar aseguró a través de una nota de prensa que “lo único” que había propuesto el Gobierno de España para cumplir con los objetivos del plan de ajuste económico era una subida de impuestos como el IBI o un incremento de las tasas y precios públicos.

Esta 'declaración de guerra' encontró inmediata respuesta en el propio Ejecutivo central, algo que es muy poco habitual. El Gobierno negó la mayor y recordó al Ayuntamiento que lo que debe hacer es presentar su plan de ajuste “tal y como establece la ley y ejerciendo su autonomía local”.

En base a esa autonomía, subrayó que “corresponde” a la Administración local “definir los elementos del plan y fijar el necesario equilibrio entre ingresos y gastos”. Por tanto, si de subida de tasas e impuestos se trata, estamos ante una decisión “que compete exclusivamente al Ayuntamiento”.

Al Gobierno que preside Pedro Sánchez le resulta de hecho “paradójico” que la alcaldesa, María José García-Pelayo, “que debe conocer bien las cuentas municipales de su anterior etapa, se escude en buscar culpables en otras administraciones para evadir su responsabilidad” en esta materia.

Claro que esa libertad que el Ministerio de Hacienda otorga a los ayuntamientos para equilibrar ingresos y gastos no implica que no pueda rechazar la propuesta de plan de ajuste que se le presente, teniendo además capacidad para adoptar determinadas medidas.

En el caso concreto del Ayuntamiento de Jerez, la actitud del Gobierno que preside García-Pelayo podría acarrear una retención de la PIE por parte del Estado, algo que pondría contra las cuerdas el funcionamiento ordinario de la Administración local, como de hecho ya ocurrió en el pasado, porque lo que resulta evidente es que el Consistorio debe cumplir los compromisos económicos contraídos con Hacienda en estos últimos años.  

En este sentido, no conviene olvidar que el Ayuntamiento llevó a cabo una modificación del plan de ajuste gracias a una norma aprobada por el Gobierno central para que los consistorios en situación más crítica pudieran refinanciar su situación mediante una reagrupación de toda su deuda.

Así, hace un par de años se firmó esa reagrupación de deuda en un préstamo con un interés del 0%, lo que suponía un notable ahorro. La operación tenía dos años de carencia, que vencen precisamente este próximo 31 de diciembre.

Según el propio Gobierno local, antes de esa fecha habrá que pagar 34 millones de euros o, al menos -y como se ha hecho en otras ocasiones-, alcanzar algún acuerdo con Hacienda.

Una rebeldía que puede jugar en contra del Consistorio 

El problema es que el mensaje que está trasladando el Ejecutivo de García-Pelayo no parece el más adecuado para tratar de cerrar ese consenso. Hace apenas unas semanas negó que las medidas que pudieran adoptarse implicasen subidas de impuestos o que terminaran afectando a los trabajadores o a la prestación de los servicios públicos, una cuestión en la que no piensa dar “ni un solo paso atrás”.

En paralelo, el Ministerio sigue de cerca algunos movimientos que tampoco ayudan a asimilar esa beligerancia. Así, el PSOE ha denunciado estos días incrementos en el capítulo de gastos de personal en productividades, gratificaciones y complementos y también advirtió de un incremento del coste en asesores y personal de confianza.

Las negociaciones con Hacienda nunca son sencillas, pero el Ministerio es quizá el primer interesado en tratar de cerrar acuerdos con los ayuntamientos. Lo que se pide en estos casos es que los consistorios muestren una voluntad real de hacer frente a los compromisos adquiridos teniendo siempre en cuenta sus posibilidades económicas. De ahí que los movimientos que se han producido a lo largo de estos últimos días generen una incertidumbre que parece jugar en contra de los intereses del propio Ayuntamiento.

Quienes conocen esas negociaciones advierten de que nos encontramos ante una “situación endiablada y compleja”, pero destacan igualmente que lo que de verdad antepone el Ministerio es que se gobierne “con responsabilidad”.

Mamen Sánchez, que fue alcaldesa hasta este pasado mes de junio y ahora ejerce como diputada socialista por Cádiz, ha retado a María José García-Pelayo a mostrar públicamente el escrito de Hacienda en el que supuestamente le insta a subir los impuestos, así como la propuesta de plan de ajuste que el Consistorio le ha remitido.

Y ha contrastado esa rebeldía con el Estado con la actitud que mostró en su anterior etapa en la Alcaldía cuando -gobernando el PP-, firmó planes de ajuste que acarrearon una serie de medidas ciertamente impopulares. “Entonces no escuchamos a la señora Pelayo decir que Mariano Rajoy le había instado a hacer un ERE de 260 empleados municipales, como hizo, ni que le había instado a la venta del agua, ni al recorte de empleo y servicios de las empresas concesionarias, ni a la subida de impuestos, entre ellos el IBI o la basura y el agua. Fue ella quien decidió entonces, con total autonomía, como sucede ahora, las medidas que iba a aplicar, que cabe recordar que fueron desastrosas para Jerez”, recuerda Mamen Sánchez.