La titular del juzgado central de Instrucción nº 3, María Tardón, investiga la presunta estafa piramidal con lingotes de oro -en realidad barras de hierro pintadas de dorado- de Sempi Gold, que habría defraudado más de 50 millones de euros a más de 3.600 afectados en toda España.
En marzo de 2022 el Tribunal Supremo decidió que fuera la Audiencia Nacional la encargada de investigar las actividades de Sempi Gold, que hasta 2019 se denominaba Sociedad Española de Metales Preciosos, después de que en febrero de ese año Unidades Orgánicas de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil registrara las oficinas de Sempi en Madrid y Jerez, ubicadas estas últimas en la calle San Cayetano, en pleno centro de la ciudad.
La Guardia Civil registró también el domicilio del cabecilla de la trama, Gabriel Ruiz -que figura como imputado junto a sus dos hijos-, y en la vivienda encontró 25 sacas con los precintos de la empresa de seguridad Loomis, "selladas y sin apariencia de haber sido manipuladas".
Cada saca contenía una caja con "hasta 5 piezas de hierro que simulaban por su peso, densidad y tamaño lingotes de oro", aunque el análisis posterior demostró que eran de hierro bañado en pintura dorada.
El valor declarado por Sempi de cada una de las sacas era de 146.124,88 euros -excepto una de 113.795,22-, con lo que el importe total se eleva a 3,6 millones de euros; en total, Loomis tenía bajo custodia 133 sacas, a las que Sempi otorgaba un valor de 1,2 millones de euros.
Según la Guardia Civil, los responsables de Sempi habrían hecho creer a Loomis que el contenido de las sacas era oro, y habrían actuado del mismo modo con Prosegur, que aportó documentos que mostraban que Sempi le había dejado en custodia sacas por un presunto importe de más de medio millón de euros.
La operativa puesta en marcha por Gabriel Ruiz y sus hijos consistía en ofrecer inversiones en oro sin facilitar a los compradores los lingotes, que eran falsos.
Las numerosas querellas presentadas contra Sempi incluyen los presuntos delitos de estafa piramidal, organización criminal, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, alzamiento de bienes y evasión de capitales, y se dirigen contra Ruiz, sus dos hijos y dos empleados.
La investigación ha desvelado que la compañía llevaba desde finales de 2020 sin repartir los dividendos de los contratos firmados, y los importes presuntamente estafados oscilan entre los 10.000 y los 700.000 euros.
En 2019 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió de que la empresa Sempi Gold no estaba autorizada para "prestar los servicios de inversión previstos" en la ley del mercado de valores, y era posiblemente un "chiringuito financiero".
