El Ayuntamiento de Jerez va a culminar con medios propios las obras del tramo comprendido entre la plaza San Juan y la calle Oliva después de que la empresa adjudicataria -AFC Construcciones y Contratas- haya adoptado la decisión unilateral de abandonar el tajo argumentando falta de pago, un extremo que niega el Gobierno local.
La delegada municipal de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha explicado que hasta la fecha el Ayuntamiento ha abonado todas las certificaciones de obras a excepción de la última, que la propia empresa no ha querido firmar al mostrarse en desacuerdo con lo que la propia dirección facultativa ha dado por ejecutado.
El caso es que, según De la Cuadra, la empresa dice que “ha hecho una inversión muy grande para acopio de material y quiere cobrarlo” a pesar de que “legalmente” el Ayuntamiento no puede pagar por algo que no estaba recogido en el contrato.
Así las cosas, días pasados la empresa presentó un escrito en el Registro General del Ayuntamiento anunciando la suspensión de las obras y su intención de recoger el material, algo que no se le comunicó a la delegada en una conversación telefónica previa.
Sin embargo, esta misma mañana la delegada de Urbanismo tuvo noticias de que se estaba procediendo a la retirada del material y puso los hechos en conocimiento de la Policía Local para que lo impidiera, entre otras cosas porque legalmente no se ha acordado la suspensión de las obras.
Tras este incidente, Belén de la Cuadra asegura estar “en contacto con la empresa” para resolver el contrato de manera “legal y formal” y al margen de cualquier tipo de “manipulación”. A este respecto, no ha dudado incluso en acusar a la adjudicataria de “jugar a un medio chantaje” al amenazar con la marcha si no se le abonaban las cantidades requeridas, insistiendo en la idea de que el Ayuntamiento “no puede hacer cosas que no sean legales”.
A juicio de la delegada municipal de Urbanismo, el problema de origen de estas obras radica en que la empresa presentó una oferta “a la baja” que “a lo mejor no puede soportar”, pero que el Consistorio no puede ahora compensar. A partir de ahí, la disputa “se resolverá como se tenga que resolver, pero siempre desde la legalidad”.
De entrada la intención del Gobierno local es completar ese tramo “de modo provisional”, porque tiene “personal y material suficiente” para hacerlo, pero en ningún caso podría ejecutar el proyecto que le fue adjudicado a la empresa. El siguiente paso –y una vez resuelta la relación contractual- pasaría por una licitación que viniera a culminar el proyecto que quede en suspenso.
Existe otro problema añadido, y es que estamos en la primera fase de unas obras mucho más ambiciosas, que se extienden hasta Puerta de Sevilla y que además están sujetas a unos plazos dado que cuentan con financiación europea.
Belén de la Cuadra admite que esos plazos no van a cumplirse, de ahí que el Ayuntamiento haya mantenido ya contactos con el Estado con idea de que esos fondos puedan destinarse a la financiación de otras actuaciones y de este modo evitar su pérdida.
La delegada de Urbanismo ha asegurado por último que hasta la fecha el Consistorio ha abonado a la empresa 302.000 euros, sobre un importe total de 314.000 euros recogido en las diferentes certificaciones aceptadas entre ambas partes.
“Faltan por pagar unos 11.500 euros, que se corresponden a la certificación de 9 de octubre que la constructora no acepta porque no está de acuerdo con la cantidad”, concluyó.
El PSOE responsabiliza al Gobierno local
El portavoz del grupo municipal socialista, José Antonio Díaz, responsabiliza de la paralización de las obras a los “reiterados impagos” del Gobierno local.
El propio Díaz estuvo a primera hora de la mañana en la calle San Juan en el momento en el que la empresa cesó los trabajos.
“Es un completo desastre por la falta de gestión y de liderazgo de una alcaldesa a tiempo parcial. No han pagado las certificaciones de obra de agosto y septiembre, hay un impago de 170.000 euros y once trabajadores han perdido su empleo”, lamentó Díaz.
El portavoz socialista acusó incluso al Gobierno local de haber “ignorado” a la empresa, dado que “cuando procedía al abandono de la obra Pelayo y sus delegados se han escondido y han enviado a técnicos municipales y a la Policía Local”.
