Profesionales sanitarios y delegados del Sindicato de Enfermería, Satse, se han concentrado este martes simultáneamente en toda Andalucía  a las puertas de los hospitales públicos para exigir al Servicio Andaluz de Salud (SAS) la renovación de los más de 7.000 trabajadores de la Sanidad Pública, cuyos contratos de enfermería finalizan a 31 de enero de 2024. De esta cifra, medio millar corresponden a la provincia de Cádiz y 178 -81 del Hospital de Jerez y 97 de Atención Primaria- al Área Sanitaria de Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. En el caso de esta provincia, el punto elegido ha sido el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y el grito de guerra de los sanitarios no ha podido ser más claro: “¡Basta ya de precariedad!”; “¡Queremos los contratos, no más maltratos!”; “¡Moreno Bonilla refuerza la plantilla!”.

Satse ha exigido al SAS que cumpla sus compromisos de renovar todos los contratos de los denominados en origen refuerzos Covid, pero que en la actualidad son “imprescindibles” para el funcionamiento de los centros sanitarios, y que deberían haberse ofertado a 15 de enero por un periodo de 11 meses pero que, "sin ninguna explicación" por parte de la Administración, la renovación ha quedado paralizada. En estos momentos y en pleno colapso sanitario, todos estos contratos están en el aire y sigue sin haber explicación oficial sobre su continuidad, tal y como ha explicado el secretario de Acción Sindical de la organización en Cádiz, José Antonio Alconchel.  “Es una locura, son profesionales de los que el SAS no puede prescindir”, ha remarcado, dada la “situación de colapso” de la Sanidad Pública por el repunte de infecciones respiratorias.

Desde el Sindicato de Enfermería defienden que estos refuerzos de personal están permitiendo a los centros sanitarios públicos funcionar “·con cierta normalidad”, a pesar de que aun así sigue habiendo déficit de personal. Además, a la incertidumbre sobre las renovaciones se suma, tal y como denuncia Satse la prácticamente nula cobertura de bajas médicas, vacaciones y permisos reglamentarios, planteando un panorama “crítico” para la asistencia y para la salud laboral de los profesionales.