Trabajadores de la demarcación de Jerez de la empresa Asesores Locales Consultoría, S. A, encargada del servicio de Asistencia Técnica al Servicio de Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria desde 2008, han presentado una demanda ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz contra esta sociedad y la Diputación de Cádiz para que investigue las razones por las que este servicio se ha interrumpido “de manera sistemática” desde noviembre de 2022. Como consecuencia, según sostiene el abogado de los empleados de este departamento, José Blas Fernández, desde esa fecha se ha dejado de recaudar aproximadamente 1.401.716 euros, con el consiguiente perjuicio que supone para las castigadas arcas municipales del Ayuntamiento de Jerez y a las pedanías que dependen de él. El citado importe responde a la última facturación realizada por estos empleados de esta subcontrata de la Diputación en 2022 para la recaudación de impuestos en Jerez en sus funciones diarias por las que inspeccionar los impuestos de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), Ocupación de la Vía Pública, OVP, (mesas y sillas, vallas publicitarias, toldos) e incluso  realizan procedimientos sancionadores.

A partir de esa fecha, la recaudación por estos conceptos ha quedado suspendida, con lo que 2023 y lo que va de 2024, “han pasado en blanco”. Un “despropósito” que se ha traducido en las prescripciones de tales impuestos con la consiguiente pérdida de esta recaudación. Fernández considera que la empresa Asesores Locales Consultorías, S. A, “premeditadamente” está dejando de llevar a cabo este servicio “con el beneplácito” de la Diputación provincial de Cádiz, causando un severo perjuicio a los contribuyentes y a las arcas municipales, por un dinero que no se está recaudando y que ya no se puede recuperar. “Es una situación engorrosa y delicada para las arcas municipales; hay que ver de quién es la responsabilidad de que esto no se esté cobrando. Entendemos que puede haber un presunto delito y queremos saber quién ha dado la orden de no cobrar unos impuestos que se devengan todos los días. La Diputación ha delegado en esta subcontrata el cobro de estos impuestos y ha habido un parón enorme”, apunta a este medio. El letrado de estos empleados, que no descarta llevar el tema a la Cámara de Cuentas, pide que se depuren responsabilidades, y en la demanda presentada ante la Fiscalía hace especial hincapié en los posibles daños causados a la Hacienda Municipal de Jerez “por ser la más afectada”.

Antecedentes

Para entender el origen de esta demanda hay que remontarse a octubre de 2022, cuando los trabajadores del departamento de Inspección y Tráfico de esta empresa en Jerez (con sede en el Camino de Albadalejo), aunque anteriormente habían llegado a estar compartiendo oficinas con el personal de Diputación en el edificio Forum Chapín, acudieron a la Inspección de Trabajo por las condiciones laborales en las que venían desarrollando su labor desempeñando funciones “como inspector” y con personas a su cargo, pero cobrando “como auxiliar administrativo”, y haciendo las veces de personal de Diputación inspeccionando la ocupación de la vía pública e incluso levantando actas y sancionando. Apenas un mes después, según denuncian los trabajadores afectados, la empresa les comunicó por carta su traslado. A los cuatro del departamento de Inspección los enviaban a Chiclana y el resto del personal de Tráfico a Cádiz capital.

Solo unos días antes, un inspector de trabajo había acudido a este centro, con lo que los empleados tienen claro que la medida respondía a una clara represalia por estos pasos. En julio de 2023, los trabajadores formalizaron su demanda por cesión ilegal contra Asesores Locales Consultoría, que revoca su decisión de trasladarles a Chiclana, pero despide a dos de los cuatro trabajadores de Inspección. Mientras tanto, el ejercicio de 2023 pasa de largo a nivel de recaudación de estos impuestos, y apenas entran ingresos de 40.000 euros de vallas publicitarias, frente al más de millón de euros de cada uno de los dos años anteriores. Además del no cobro de estos impuestos, recalcan, “se está incumpliendo” el convenio de Diputación con el Ayuntamiento de Jerez.

Ya han salido las primeras fechas de los juicios por la presunta cesión ilegal de los trabajadores y Fernández tiene claro que la justicia volverá a estar de parte de los empleados, que denuncian que la empresa les está pagando “tarde y mal” desde la pandemia. “La cesión ilegal de trabajadores es un delito social y tenemos el precedente de 14 o 15 sentencias favorables de otros departamentos de este servicio en las que se ha reconocido esa relación laboral, obligando a Diputación a incorporar a su plantilla a los trabajadores” , sostiene  el  letrado, que también se ha encargado de la representación legal en esos casos. Los trabajadores solo quieren que se haga justicia y acabar cuanto antes con esta “pesadilla”.