Que el Gobierno de España realice las modificaciones legales pertinentes para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan la consideración de “profesión de riesgo”. Ésta es la reclamación que el PP de Jerez lleva el Pleno del Ayuntamiento de cara a que sea la Corporación en su conjunto, en nombre de la ciudad, la que se sume a esta petición de los agentes de los distintos cuerpos y se visibilice el apoyo del Ayuntamiento a su trabajo.

Pero no será la única, ya que también se incluye que el Gobierno de España encargue un nuevo informe de consultoría externa que señale las cantidades pendientes de consignar, puesto a puesto, hasta la equiparación real, total y absoluta de la Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas.

La presidenta local del PP, María José García-Pelayo, ha subrayado la incalculable contribución de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en el ejercicio de sus funciones y, a menudo, poniendo en juego su propia seguridad y la de sus familias, una labor que ha sido esencial para mantener nuestra democracia y el estado de derecho.

“El constante sacrificio y elevada competencia de estos cuerpos han sido vitales en la historia democrática de España y merecen ser ampliamente reconocidos y valorados por la comunidad”, afirma García-Pelayo, quien recuerda que a pesar de la naturaleza exigente de su labor, ni los integrantes de la Policía Nacional ni los de la Guardia Civil están reconocidos como profesionales de alto riesgo.

Aunque no lo tengan reconocido (al contrario que policías locales y policías autonómicas que sí lo tienen), a estos dos cuerpos se les penaliza como si tuvieran tal consideración en cuestiones como hacer un seguro de vida, que les cuesta un 40% más por ejercer las funciones policiales.

Desde el PP de Jerez añaden que esto no es la única reivindicación justa que reclama este cuerpo, sino que está pendiente aún la equiparación salarial real y total con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares.

El 12 de marzo de 2018, el Ministerio del Interior del Gobierno del PP firmó un acuerdo histórico de equiparación salarial con los principales sindicatos de la Policía Nacional y las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil tras un proceso de negociación llevado a cabo con el objetivo de alcanzar dicha equiparación salarial. En este acuerdo se abordó un proceso de equiparación gradual en tres ejercicios (2018, 2019 y 2020) con un importe de 807 millones de euros, que serían destinados al complemento específico singular y a la productividad, más 100 millones adicionales que se destinarían a incentivar el reingreso del personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada al servicio activo.

Al mismo tiempo, el Gobierno se comprometió a contratar los servicios de una consultora externa que fijase los criterios y las cantidades necesarias para la equiparación salarial real, total y absoluto. Dicha consultora analizaría las cifras de equiparación, puesto a puesto, y fijaría las correcciones que fueses necesarias.

Sin embargo, el Gobierno del PSOE despreció el informe inicial de la auditoría y encargó uno nuevo que tuviera en cuenta las pretensiones del Gobierno de no seguir incrementando las cantidades necesarias para la equiparación real, total y absoluta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.