Hace un par de semanas, los trabajadores y trabajadoras del Centro Específico de Educación Especial de Sordos, en Jerez, recibieron la noticia de que, ante los problemas estructurales que padece el edificio, este va a ser clausurado. Según lo que han trasladado trabajadores de este centro a CSIF, parece ser que van a ser reubicados en el CEIP San Vicente de Paúl, en Jerez. Sin embargo, CSIF no cuenta coEn información oficial por parte de la Junta de Andalucía –que es la responsable de las instalaciones-, sobre el futuro de este servicio y de su plantilla (tanto personal de administración y servicios como docentes), que vive en la incertidumbre, sin saber qué va a pasar a partir del próximo curso.
Ante esta situación, CSIF ha solicitado por escrito a la Junta de Andalucía que informe apropiadamente sobre los planes que tiene para continuar ofreciendo el servicio público que se presta en este centro. Al mismo tiempo, ha reclamado la convocatoria del Comité de Seguridad y Salud Laboral, para que se analice ante los representantes de los trabajadores el estado que presenta el Centro de Sordos y que se entreguen los informes periciales en los que se determine cuál es exactamente el estado del edificio y los riesgos que corren tanto los empleados como los usuarios.
En este centro, actualmente, la mayoría de los baños no funcionan (y los que sí, consumen excesiva agua debido a su mal funcionamiento), hay pérdidas de agua en bajantes y tuberías, así como filtraciones de aguas de lluvia, la instalación eléctrica es antigua y no puede dar servicio a las necesidades del centro, hay grietas y desprendimiento de baldosas y trozos de muro.
Para CSIF resulta llamativo que en 2020, la APAE (Agencia Pública de Educación de Andalucía), que se encarga del mantenimiento de las infraestructuras educativas, recogiera una partida para el Centro de Sordos de 1.580.000 euros para “sustituir o integrarlo en otro centro”, dentro de su plan de infraestructuras 2020-2027, en el apartado de centros de atención preferente, y luego, en 2023, se aprobaron unas actuaciones de “mejora del terreno, consolidación y restitución de elementos dañados” por valor de 300.000 euros para la residencia Rancho Colores, que se encuentra situado en el mismo enclave, anexo al Centro de Sordos, con similares problemas estructurales. En cuanto a esta residencia de estudiantes, CSIF también espera recibir información por parte de la Junta sobre su futuro próximo, dada la reducción de su oferta residencial para el curso que viene.
“Visto lo visto, parece que esos casi dos millones de euros aprobados por el Consejo Rector de la APAE para ambos centros, no se han invertido todavía para arreglarlos, a pesar de la urgencia que presentan”, apuntan desde CSIF. Ante esto, la Central Sindical también ha requerido al Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía información exhaustiva sobre el destino de todo ese dinero, presupuestado, aprobado y publicado de manera oficial.
Desde CSIF lamentan la “falta de información sobre los planes de la Administración autonómica”. El día 8 de mayo se presentaron los escritos solicitando un encuentro urgente con los responsables de la Delegación territorial de Educación, y a día de hoy, “solo tenemos silencio como respuesta”. Finalmente, CSIF avisa de que estarán “pendientes de los trabajadores y usuarios, para que se garantice la continuidad del servicio público que se ofrece”.
Por su parte, desde la delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía en Cádiz han dejado claro que "es totalmente falso" que el centro se vaya a cerrar de cara al próximo curso ni a ningún otro.
La delegada territorial, Isabel Paredes, ha mantenido diversas reuniones y encuentros con la dirección del centro y del AMPA, a los que se les ha trasladado la situación del edificio y que "se está trabajando de forma permanente en una nueva ubicación". En este sentidoEn el momento que se tenga la solución definitiva, se comunicará a las partes.
