Tres organizaciones sindicales de Andalucía del sector de la Justicia han acordado movilizarse a partir de la semana que viene, para reclamar "nuevamente" al también consejero de Administración Local, José Antonio Nieto, que cumpla con el compromiso adquirido a finales del 2018 por el anterior Gobierno regional de devolver a unos 6.500 funcionarios de las 8 provincias andaluzas los importes equivalentes a dos pagas extraordinarias, cuya cuantía media por empleado público supone unos 3.000 euros. La estimación total es de unos 19,5 millones de euros.

La movilización, que se iniciará el próximo miércoles 26 en Sevilla, pretende, a juicio de los sindicatos, forzar al titular de la Consejería de Justicia, con competencias asumidas desde 1997, para que se siente a negociar no solamente este compromiso incumplido desde hace casi una década, sino otras mejoras salariales que estan teniendo sus compañeros de Justicia de otras 5 comunidades autónomas, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Fiscalía, fruto de acuerdos sindicales con diferentes  administraciones.

Las organizaciones firmantes de este acuerdo en Andalucia son la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, SPJ-USO y UGT. Al mismo no se han sumado ni STAJ, ni Comisiones Obreras.

Las tres centrales sindicales, que representan el 66% de la Mesa Sectorial de Justicia en Andalucía -equivalente a las dos terceras partes de la representatividad de este colectivo-, se van a concentrar ante la sede de la Consejería de Justicia, en Sevilla, para pedir al consejero de Justicia que "acceda a dialogar con los representantes de los trabajadores y abandone la pasividad que ha mantenido hasta ahora respecto a este conflicto".

En un comunicado, los tres sindicatos exigen que se convoque con urgencia la Mesa de negociación para la actualización de los complementos autonómicos, el desarrollo de la carrera profesional, la regulación del teletrabajo y la restitución de la parte autonómica de las pagas extras de los ejercicios 2013 y 2014, así como la recuperación de las ayudas de Acción Social, además de otras mejoras que deben ser incluidas en un nuevo Acuerdo Marco de Justicia en Andalucía. 

El último de los acuerdos-marco para la mejora de las condiciones laborales del personal funcionario de Justicia fue firmado en este ámbito en 2018. Seis años después, “es más necesario que nunca iniciar el diálogo que dé lugar a un nuevo acuerdo”, subrayan los sindicatos participantes en la movilización. 

CSIF, SPJ-USO y UGT rechazan “que la Consejería utilice a los 9.000 funcionarios y funcionarias de Justicia de Andalucía como arma arrojadiza para sus batallas con el Gobierno central”, de distinto color político, y que “nuestra comunidad autónoma quede descolgada de la senda de acuerdos que sí se están dando en el resto de ámbitos territoriales” para mejorar las condiciones laborales y retributivas de este colectivo. 

ACUERDO CON EL MINISTERIO 

El pasado mes de marzo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, firmó un acuerdo de subida salarial para unos 11.000 funcionarios del territorio no transferido que  trabajan en 5 comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, Baleares o Castilla -La Mancha. 

El Gobierno central exigió al resto de autonomías con competencias asumidas, como es el caso de Andalucía, que sus ejecutivos abonasen también esas mejoras salariales para evitar discriminación laboral.

A juicio de los convocantes, “Nieto debería tomar ejemplo del resto de comunidades autónomas que han priorizado el reconocimiento al esfuerzo de sus trabajadores y al servicio público”.

En concreto, en País Vasco, Madrid, Cataluña, Asturias y La Rioja ya se ha suscrito acuerdos retributivos; y en Aragón, Valencia, Navarra, Cantabria o Canarias ya se han iniciado las mesas de negociación. Frente a ello, en Andalucía, por el momento, el responsable del ramo no ha accedido a reunirse con los legítimos representantes de los trabajadores para abordar este asunto.

Los sindicatos recuerdan que durante el conflicto de los funcionarios de Justicia con el Ministerio por la actualización de funciones y en demanda de mejoras laborales, en 2023, “el consejero andaluz puso de manifiesto su apoyo a los empleados públicos en sus reivindicaciones, ya que su esfuerzo debía ser reconocido y, lamentablemente, ahora Nieto los ignora y no los atiende”, concluyen.