El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará este miércoles ante el pleno del Congreso un plan de regeneración democrática centrado en medidas sobre medios de comunicación y libertad de expresión pero sin ningún texto cerrado a la espera de la negociación con los grupos parlamentarios.
Sánchez prometió presentar este plan tras los cinco días de reflexión que se tomó el pasado mes de abril para decidir si le merecía la pena seguir al frente del Ejecutivo ante la campaña de acoso que considera que existía contra él y su familia, y ha ido desgranando alguna de las iniciativas que contendrá.
Así, ha citado como uno de sus principales puntos de referencia la ley sobre la independencia de los medios de comunicación aprobada la pasada primavera por el Parlamento Europeo y ha avanzado que entre las medidas estará la limitación de la financiación pública de los medios de comunicación, que conllevará una reforma de la ley de publicidad institucional.
Su objetivo es facilitar la transparencia y luchar contra la desinformación y los bulos de los que califica como "pseudomedios".
También ha anunciado sendas reformas de las leyes orgánicas de Derecho al Honor y Derecho de Rectificación.
A ello se añadirá otra medida que ha provocado confusión después de que la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, anunciase este martes que los socios del Gobierno habían pactado la derogación de la ley de mordaza.
El Gobierno aclaró después que no es así y que solo se ha pactado una reforma del Código Penal en lo relativo a los delitos de injurias y calumnias que afecta a un aspecto muy concreto de la ley mordaza como es el de las infracciones recogidas en el artículo 36 de esta norma.
El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, también matizó el anuncio de Díaz y dijo que el acuerdo sólo afecta a ese artículo de la ley mordaza, que considerará que solo sea infracción grave difundir imágenes de agentes cuando esta conducta sea "constatable".
Santiago informó también de que el pacto con el PSOE incluye la modificación de la ley del Derecho al Honor que ya había adelantado Sánchez, precisando que su objetivo es ofrecer una reparación pública a aquellas personas investigadas sobre las que se generan "cientos de titulares" en instrucciones judiciales prolongadas en el tiempo pero que finalmente no acaban con la apertura de un juicio oral.
Apuntó igualmente a una regulación moderna de la ley sobre el secreto profesional de los informadores y una reforma de la ley de secretos oficiales.
Respecto a la modificación de los delitos de injurias y calumnias pactada por PSOE y Sumar, desde 2018 se debaten en el Congreso iniciativas para proteger la libertad de expresión y despenalizar el enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la corona, las ofensas a los símbolos de la nación -como la bandera y el himno- y los delitos contra los sentimientos religiosos.
El Gobierno subraya que está abierto a debatir con los grupos parlamentarios las medidas del plan que presente Sánchez y, por ello, no habrá propuestas cerradas este miércoles, sino que expondrá lo que denominan "el esqueleto" para concretarlas después del verano.
