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El Gobierno modificará créditos para pagar 21,4 millones de sobrecoste del personal

Acude al remanente de Tesorería en contra de la opinión del interventor para hacer frente a los incrementos salariales acordados en los últimos meses

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  • García-Pelayo y Muñoz, en un Pleno municipal. -
  • Pelayo también repartirá 3,5 millones en subvenciones a asociaciones de todo tipo
  • El interventor dice que estas modificaciones evidencian la necesidad de aprobar un presupuesto anual

El Gobierno local defenderá este próximo viernes en el Pleno municipal una serie de modificaciones presupuestarias que fundamentalmente tratan de atender el incremento de los costes salariales derivados de los acuerdos alcanzados en estos últimos meses con diferentes colectivos.

Además, esas modificaciones también permitirán poner en marcha un Plan Estratégico de Subvenciones e incrementar la dotación destinada a la contratación de servicios tales como el mantenimiento de papeleras, la limpieza viaria o la recogida de basuras.

En concreto, hablamos de unas modificaciones de crédito cuyo importe total asciende a 27,6 millones de euros. Para ello se acudirá al remanente de Tesorería (25,2 millones) y al Fondo de Contingencia (2,4 millones).

El informe del interventor ya advierte en cualquier caso de que “la utilización del Remanente de Tesorería para gastos generales tendrá un efecto negativo sobre el cumplimiento del superávit presupuestario y de la regla de gasto en 2024 ya que su finalidad es atender nuevos gastos no financieros, no previstos en el Presupuesto inicial, que no están financiados por nuevos ingresos no financieros y no son susceptibles de los ajustes  contemplados en el Sistema Europeo de Cuentas ni en la Guía para la Determinación de la Regla de Gasto de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)”.

De los 27,6 millones de euros, 21,4 se destinarán a atender el incremento de los costes de personal. En concreto, 16,6 millones tienen como objetivo garantizar el pago de las nóminas de la plantilla del Ayuntamiento, mientras que los otros 4,8 restantes permitirán abonar los salarios al personal de Comujesa, Emuvijesa, Cirjesa, Fundarte, Fundación Asilo San José, Fundación Caballero Bonald y Fundación Andrés de Ribera.

La mayor partida (4.041.591 euros) se destina a la primera de esas sociedades, que atiende servicios básicos tales como la ayuda a domicilio (1.898.535 euros) o el transporte urbano (1.793.199 euros). Hay que recordar que meses atrás el Gobierno local cerró nuevos convenios con ambas plantillas.

También es significativo que se contemple una cantidad de 1,3 millones de euros para incrementar la dotación del presupuesto de gastos de Medio Ambiente y de este modo poder atender la facturación de las empresas Sulo Ibérica (mantenimiento de papeleras) y Jerez UTE (recogida y tratamiento de basuras y limpieza viaria) hasta el final del ejercicio.

Más allá de estas obligaciones, el Gobierno local contempla destinar hasta 3,5 millones de euros a un Plan Estratégico de Subvenciones del que se beneficiarán entidades y organizaciones de todo tipo; 550.000 euros al proyecto de Capitalidad Cultural Europea; o 300.000 euros a la Intercontinental Games que se celebrará en el Circuito, entre algunas de las partidas más significativas.

El informe del interventor advierte de que “muchas de las causas que motivan las necesidades de créditos evidencian la necesidad de aprobar anualmente el presupuesto de la Corporación”, dado que “lo contrario aboca al Ayuntamiento a unas necesidades de crédito cada vez más mayores”. A este respecto, cabe apuntar que el Consistorio sigue funcionando con el presupuesto prorrogado del ejercicio 2022.

Otras modificaciones, por su parte, “son producto de un acusado número de jubilaciones y una tasa de reposición acumulada inferior a las mismas”, lo que a juicio del funcionario se traduce en un “aumento de la necesidad de horas extraordinarias”, ya que se hace el mismo trabajo con “menos personas”.

Eso sin dejar de lado que se ha puesto en marcha una oferta de empleo público extraordinaria de estabilización de empleo temporal del personal laboral, otra oferta de empleo público extraordinaria de estabilización de empleo temporal de larga duración del personal funcionario; una promoción interna y comisiones de servicio de policías locales; e incluso una adecuación de la estructura del Ayuntamiento cuando no existía “crédito adecuado y suficiente”, que era “un requisito indispensable” para ello. Lo mismo ocurre con otras medidas adoptadas en los últimos meses en materia de personal, que han incrementado las necesidades de crédito.

Por no hablar de la “altísima tasa de personal laboral” existente “en detrimento del personal funcionario” y de la “estructura retributiva del mismo”, donde existen conceptos “que desbordan los previstos” en la legislación para los funcionarios y figuran también otros “desnaturalizados”, tanto en gratificaciones como en productividades.

“Y es que como afirma la directora del Servicio de Recursos Humanos, muchos empleados municipales cuentan con asignaciones temporales de funciones, una figura que se viene utilizando desde finales de 2016 y que desde entonces se han venido retribuyendo estas asignaciones temporales, según se realicen todas las funciones del puesto o solo algunas funciones del puesto, por el concepto de productividad o de gratificación respectivamente”. Otro ejemplo de lo anterior sería el “acuerdo regulador de régimen especial del cuerpo de la Policía Local” y la retribución de la anulación de permisos semanales mediante el concepto de gratificación, “práctica que se ha venido realizando desde hace varios años, por diferentes corporaciones”.

Estas cuestiones llevan al Ayuntamiento a incumplir los límites establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local respecto a las cuantías destinadas a productividades y gratificaciones “y la actual modificación presupuestaria ahonda en ello”.

Por todo lo anterior, el informe del interventor concluye que “se debe hacer un esfuerzo en la estabilización y ordenación tanto del personal municipal como en la estructura retributiva del mismo, respetando, en cualquier caso, los límites retributivos establecidos con carácter general en la normativa específica local y en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado”.

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