PSOE, Vox y La Confluencia han votado en contra de las modificaciones de crédito propuestas por el Gobierno local con el objetivo fundamental de garantizar el pago de las nóminas del personal municipal hasta el final del presente ejercicio, cuyo importe ha experimentado un sensible incremento como consecuencia de las subidas del IPC y de los compromisos adquiridos por el propio Ejecutivo con determinados colectivos de trabajadores.
La propuesta –que ha salido adelante en cualquier caso gracias a la mayoría absoluta del PP- implican modificaciones de crédito por un importe total de 27,6 millones de euros, acudiéndose para ello al remanente de Tesorería (25,2 millones) y al Fondo de Contingencia (2,4 millones). De esos 27,6 millones de euros, 21,4 se destinarán a atender el incremento de los costes de personal, mientras que otros 3,3 millones se dedican al Plan Estratégico de Subvenciones (2024-2026), que ha sido especialmente criticado por la oposición.
Para la concejala socialista Laura Álvarez, detrás de estas modificaciones se oculta “la compra electoralista” que a su juicio hizo la alcaldesa, María José García-Pelayo, antes de los pasados comicios, adquiriendo una serie de compromisos con una serie de colectivos a los que ahora debe hacer frente.
En cualquier caso, lo que más preocupa a Álvarez es que no estamos hablando ya “de un gasto puntual”, sino que esas medidas implican “un incremento del 25 por ciento” del capítulo de Personal que se va a convertir en “estructural” a partir del próximo ejercicio.
“Esta modificación va a pasar a los anales de la historia porque compromete un incremento de más de 16 millones de euros de por vida”, insistió la concejala socialista, que preguntó “qué ocurrirá el próximo año” en el supuesto de que el presente ejercicio se cierre sin un remanente de Tesorería al que acudir, que es lo que se ha hecho en esta ocasión.
El concejal de Vox Ignacio Soto entiende por su parte que el incremento de los costes de personal es consecuencia de una “gestión cronificada que viene de gobiernos anteriores” y que debe resolverse con el desarrollo de “un reglamento de productividad que aclare los conceptos por los que se cobra y por los que no se cobra” o de una revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que aclare las necesidades reales del Ayuntamiento y evite la acumulación de horas extraordinarias.
Reproches al Plan Estratégico de Subvenciones
Los concejales de La Confluencia, Raúl Ruiz-Berdejo y Kika González, han sido especialmente críticos con el Plan Estratégico de Subvenciones, cuestionando que un Consistorio que debe de acudir a estas modificaciones de crédito para garantizar el pago de las nóminas pueda al mismo tiempo destinar 3,3 millones de euros a repartir dinero público “sin criterio ni estrategia”.
En este asunto también han incidido las otras fuerzas políticas, fundamentalmente el PSOE, que ha lamentado la ausencia de un procedimiento de concurrencia competitiva para distribuir estas ayudas. Para Vox, también “es difícil de encajar” que se active este mecanismo de ayudas públicas “con 61 millones de euros en facturas en el cajón”.
El primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, ha recordado que el Ayuntamiento debe aprobar anualmente un plan de subvenciones y que en esta ocasión se ha optado por planificarlo por un periodo de tres años.
También ha aclarado que las asociaciones beneficiarias deberán presentar sus proyectos y firmar el debido convenio con el Ayuntamiento para acceder a estas ayudas. “Hasta que no se presenten y se firmen los convenios aquí no se ha dado nada. Tenemos un objetivo clave, que es la candidatura a la capitalidad cultural y para ello la participación ciudadana es fundamental”, concluyó.
