En declaraciones a Efe, el presidente de Cáritas Diocesana de Jaén, Juan Carlos Escobedo, ha insistido en que, a pesar de que ha descendido en más de un 50 por ciento el número de inmigrantes temporeros en la provincia jienense, “todavía hay muchos más que otros años”. Escobedo ha insistido en que se concentran, principalmente, en los grandes municipios donde “existen más posibilidades de trabajo” como son Úbeda o la capital.
En la capital jienense, el antiguo albergue temporero, ubicado en el Convento de Santa Clara y gestionado por Cáritas Diocesana que tenía una capacidad de unas doscientas plazas, y el local abierto por el Foro Social de Jaén, donde llegaron a dormir más de 60 inmigrantes, han sido cerrados ya que la demanda ha descendido.
Sin embargo, el albergue municipal, con 200 plazas de capacidad, está prácticamente completo a finales de diciembre, momento en el que en campañas anteriores había una presión “mucho menor”, según Escobedo, quien ha lamentado que aún sigue habiendo personas durmiendo en la calle ya que “hay muchos que después de los tres días en el albergue, deciden quedarse con la esperanza de encontrar trabajo”.
En relación al plazo en que los inmigrantes decidan marcharse por la falta de trabajo, Escobedo ha insistido en que es “imprevisible” ya que este año es “distinto a los demás” y no se puede precisar una fecha.
Esta campaña agrícola, que lleva más de tres semanas iniciada, ha estado marcada por la llegada masiva de inmigrantes, que obligó a abrir dispositivos de emergencia a Úbeda o Jaén, para dar cobijo a centenares de inmigrantes que no han encontrado trabajo en un año en el que se hizo un llamamiento desde las administraciones y las organizaciones agrarias sobre la existencia de mano de obra autóctona suficiente.
Inmigrantes explotados
Los cinco inmigrantes estafados y explotados presuntamente por un compatriota marroquí en Cartaya (Huelva), que fue detenido en julio, declararán ante el juez el próximo enero, y el presunto autor de los hechos se enfrentará a un doble proceso “penal y laboral”.
Así lo explicó a EFE el letrado Fernando Osuna, que representa a los cinco marroquíes, que ha concretado que las primeras declaraciones serán en enero “porque estaba previsto en diciembre, pero el abogado de la otra parte se tuvo que ausentar por tener otro proceso”.
De esta forma, paralelamente al proceso judicial, Osuna ha presentado cargos para demandar los salarios que les deberían a sus representados, así como una denuncia ante la inspección de trabajo, “porque desde el punto de vista laboral se puede enfrentar a una multa considerable”.
Los cinco inmigrantes fueron captados en Tánger (Marruecos) y llevados a la localidad onubense “con engaños”, bajo la promesa de cobrar 1.500 euros al mes, el triple de lo que ganaban en su país, según dijo uno de los afectados, que concretó que en mayo pasado decidieron dejar su casa en Marruecos y trasladarse a Huelva, donde trabajaban de 8 de la mañana a una de la tarde, y de dos de la tarde a doce de la noche.
