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Juan Clavero espera que "a ningún mafioso" se le vuelva a ocurrir "jugar tan sucio"

La Audiencia Provincial en Jerez juzga a cuatro personas acusadas de haber organizado y ejecutado una trama para involucrarle en un caso de tráfico de drogas

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  • Juan Clavero en los juzgados de Jerez -

El ecologista Juan Clavero espera que "a ningún mafioso" se le vuelva a ocurrir "hacer una jugada tan sucia" como la que le hicieron a él en 2017, cuando, tras una protesta en defensa de los caminos públicos, metieron 47 gramos de cocaína en su furgoneta para que le detuvieran por narcotráfico.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez, ha emprendido este lunes el juicio contra las cuatro personas acusadas de haber organizado y ejecutado aquella trama para involucrar al activista de Ecologistas en Acción en un delito de tráfico de drogas.

En declaraciones a los medios antes del inicio del juicio, Juan Clavero ha señalado que afronta "con esperanza" el juicio contra las cuatro personas que, según todos los indicios, "urdieron una trampa absolutamente miserable" para meterle en la cárcel "como traficante de drogas".

Y "un poco harto", pues el juicio se celebra a la tercera, tras dos suspensiones previas por "maniobras dilatorias por los acusados".

Clavero espera que después de este juicio "a ningún mafioso" se le ocurra "hacer una jugada tan sucia" contra un dirigente vecinal, un dirigente sindical o una persona que "se ha destacado en defensa de intereses públicos".

El ecologista ha hecho hincapié en que en democracia todos los debates y todas las ideas "son admisibles", pero "el juego sucio no debería ser admisible".

La trampa se llevó a cabo el domingo 26 de agosto de 2017 cuando Ecologistas en Acción convocó una nueva marcha reivindicativa en defensa de la apertura de los caminos públicos y vías pecuarias que atraviesan fincas privadas en el Parque Natural Sierra de Grazalema.

Tras la protesta, una de las personas que acudió a la concentración pidió a Clavero como favor que le acercara a un lugar en su vehículo y, antes de despedirse, supuestamente dejó oculta en el coche una bolsa con 47 gramos de cocaína y cuatro de hachís, la cantidad suficiente para que Juan Clavero fuera acusado de narcotráfico.

Una llamada anónima alertó después a la Guardia Civil de que el coche de Juan Clavero iba por un camino rural con droga en su interior, tras lo que unos agentes le interceptaron y detuvieron.

Las sospechas se dirigieron a algunos responsables de la Sociedad Breña del Agua Investments S.L. del empresario belga Marnix Galle, que es la mayor propietaria privada de fincas en el parque natural, en las que ha cerrado caminos públicos y vías pecuarias, según Ecologistas en Acción.

Tras una investigación realizada por la Guardia Civil, el juzgado de Ubrique imputó como presuntos autores de la trama a José Miguel Herrera, apoderado de esa sociedad, a Juan Luis Pérez Ramírez y Oscar González, capataces de las fincas propiedad de la misma, y a Manuel Alcaide, quien presuntamente colocó la droga en la furgoneta de Clavero.

Penas a las que se enfrentan

La Fiscalía solicita a los cuatro acusados, como presuntos autores de un delito de denuncia falsa, penas de un año y medio de cárcel, multa de 12.000 euros y una indemnización solidaria de 20.000 euros a Juan Clavero en concepto de daños morales, con la responsabilidad civil subsidiaria a la sociedad Breña del Agua Investments S.L.

Juan Clavero y Ecologistas en Acción solicitan que se aumenten las penas por denuncia falsa a dos años de prisión, por el agravante de alevosía, y multa de 14.400 euros. Además, piden cuatro años de prisión por el delito de provocación y conspiración para la detención ilegal, un año de prisión por el delito de pertenencia a grupo criminal, y 7.200 euros por el delito de simulación de delitos.

También solicitan una indemnización de 50.000 euros a Juan Clavero y 20.000 a Ecologistas en Acción por daños morales, y la prohibición de comunicarse por cualquier medio, así como de aproximarse a Juan Clavero o a su domicilio en un radio de 500 metros, y por un plazo de tres años desde el cumplimiento de las penas privativas de libertad. 

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