El Ministerio de Interior ha reconocido los siete años de calvario que ha sufrido un malagueño por un error de identificación de la Policía de Madrid que no recogió las huellas dactilares a una persona que había cometido unos hechos delictivos y ha acarreado graves perjuicios al afectado.
El perjudicado llegó a pasar una noche en los calabozos hasta que se le notificó un auto de apertura de juicio oral en Madrid y ha estado inmerso en un procedimiento judicial durante siete años, con juicio incluido, hasta que se ha demostrado que la Policía no tomó las huellas dactilares a un detenido que suplantó su identidad.
Dicha situación ha generado al afectado daños psicólogicos, que le han generado un cuadro de ansiedad persistente, y actualmente continúa en tratamiento psicológico con medicación, según consta en el expediente de Interior, al que ha tenido acceso EFE.
El 19 de enero de 2021 el damnificado fue detenido en un control rutinario de la Policía Nacional y trasladado a los calabozos de la Comisaría Provincial de Málaga por una requisitoria que había a su nombre por parte del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid.
Tras pasar una noche en los calabozos fue puesto a disposición judicial, donde se le notificó un auto de apertura de juicio oral y lo escritos de acusación contra él por una supuesta comisión de unos hechos delictivos cometidos en Madrid, cuatro años antes, el 17 de febrero de 2017.
Hasta ese momento el hombre desconocía que había un procedimiento penal abierto contra él en Madrid, donde no había estado en los últimos diez años.
Ante dicha situación, la víctima contrató a un abogado y un procurador y se personaron en el procedimiento para demostrar que había un error de identificación pero los juzgados indicaron que habría que esperar al juicio para resolver los hechos.
El Juzgado de lo Penal número 25 de Madrid lo absolvió del delito de lesiones y malos tratos que se le imputaba en mayo de 2021 y, meses más tarde, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga dictó la resolución firme.
El procedimiento penal contra el afectado tuvo su origen en unos hechos ocurridos en febrero de 2017 cuando una persona cometió varios delitos y suplantó la identidad del perjudicado.
"A pesar de ser indispensable y de obligado cumplimiento", según se recoge en el escrito de Interior, el grupo de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid de la Comisaría de Tetuán, no le tomó las huellas dactilares, al objeto de dar cumplimiento con el protocolo del Plan Nacional de Identificación de Detenidos.
La huella dactilar hubiera sido un elemento principal y necesario para la correcta identificación de la persona que cometió los hechos, "por lo que a todas luces dicha inoperatividad de la Policía ha acarreado graves perjuicios a la víctima", se precisa en los antecedentes de hecho del expediente, que destaca "el calvario que ello conlleva y que le ha afectado asimismo a su integridad física y moral".
Tras valorarse todos los datos que obran en dicho expediente, Interior afirma que queda acreditado "un deficiente o anormal funcionamiento de los servicios policiales, dado que no se ha desarrollado por parte de la Comisaría de Tetuán, unas mínimas comprobaciones para asegurarse que la filiación de la persona detenida era la que decía ser, y no la que realmente era".
Por ello, el Ministerio señala que concurre los requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración, "al existir un anormal funcionamiento de los servicios públicos, en este caso policiales, que ha provocado una serie de daños y perjuicios al interesado que no está obligado a soportar".
El Ministerio de Interior ha indemnizado al afectado con 1.600 euros por los daños morales, así como también le compensa por los gastos del abogado y procurador y los servicios de una peritación caligráfica pero no por los desplazamientos a Madrid para la celebración del juicio.
El abogado del afectado, Oscar Chicharro Arcas, ha dicho a EFE estar contentos porque se ha reconocido por vía administrativa la responsabilidad originada por la Comisaría de Madrid, aunque ha adelantado que van a recurrir ante el Contencioso Administrativo porque la cantidad la consideran muy pequeña para el daño ocasionado a su cliente.
