El encierro de los trabajadores de Radio Televisión Los Barrios (RTVLB) y las incesantes críticas han creado una primera brecha en la gestión municipal del nuevo alcalde, Jorge Romero.
El informe de R. Candela y Asociados que sirvió de base para la adopción de esta medida por parte del equipo de Gobierno es, sin embargo, contundente.
El texto, al que ha tenido acceso este diario establece que, salvo Iniciativas Los Barrios, todas las empresas municipales presentan fondos propios negativos de manera continuada, “lo cual supone un supuesto legal de disolución, que no de ser solicitada puede hacer incurrir en responsabilidad a los administradores sociales”.
En relación a la empresa GAMA (Gestión Agropecuaria y Medioambiental de los Alcornocales), el informe arroja la existencia de fondos propios negativos por valor de 5.965.550,98 euros a 31 de diciembre de 2009.
El informe detalla que dichos importantes negativos se han ido acumulando desde 2006 (1.724.421), 2007 (350.968), 2008 (1.527.533) y 2009 (654.722).
Por su parte, RTVLB presenta a fecha de 31 de diciembre de 2009 fondos propios negativos por importe de 2.074.312 euros, también acumulados desde 2007 (22.071), 2008 (914.048) y 2009.
Recaudación Los Barrios S.L. ofrece también un resultado negativo en el balance de sus fondos propios, acumulados desde 2006 (43.517 euros), 2007 (45.727), 2008 (226.753) y 2009 (391.523).
En contraposición a estas cifras, el informe de Candela y asociados destaca que la empresa Iniciativas Los Barrios es la única que cuenta con fondos propios positivos, por valor de 1.939.562 euros. Sin embargo, indica que dichos fondos “se han ido deteriorando paulatinamente a causa de los resultados negativos”.
En el apartado relativo a estado de la contabilidad, el informe se detiene en las cuentas de GAMA, donde expresa dudas acerca de cómo el balance de 2006 asciende a 12.827.726 euros, y a final de 2007 se sitúa en 19.021.414 euros, “es decir, un aumento de seis millones de euros, cuando en la cuenta de pérdidas y ganancias no existe gasto alguno de compras”.
En relación a Iniciativas Los Barrios, el informe elude realizar una valoración del estado de la contabilidad sin la realización de una auditoría.
El informe también se detiene en el aspecto relativo a las responsabilidades frente a terceros, destacando la deuda de 56 millones de euros de la empresa GAMA y de 11,5 millones en Iniciativas Los Barrios, indicando que “no debería haber problemas para reembolsar las deudas aunque no podemos ofrecer seguridad sin la realización de una auditoría”.
Críticas
El grupo municipal socialista advirtió ayer que la disolución de las empresas municipales “puede acarrear un grave perjuicio al Ayuntamiento y hacer incurrir en responsabilidades a los representantes políticos que la apoyen”.
Para el PSOE, el planteamiento de Romero “contraviene el procedimiento normativo, pues se basa, según datos aportados por el propio alcalde, en los supuestos informes de un despacho de abogados que durante años ha representado los intereses del PA y la consultora R. Candela, que ni siquiera han sido contratados previamente conforme a la legalidad”.
Los socialistas admiten que la legislación vigente prevé la opción de la disolución para empresas en dificultades pero resaltan que “ninguna sociedad puede ser disuelta sin antes haber saldado de sus deudas”.
El PSOE aboga, pues, “por la búsqueda de la viabilidad, en lugar de la actitud destructiva y la incapacidad para recabar recursos de la que está haciendo gala el primer edil”, acusando al alcalde, Jorge Romero, de basarse en la “venganza” y en “listas negras de trabajadores”.
Por su parte, el sindicato UGT calificó ayer la medida de “total despropósito” y de demostrar, “aparte de dejar a familias en el paro, la incapacidad de gestionar correctamente este Ayuntamiento.
Así, el sindicato califica la disolución de “fraude a los ciudadanos de Los Barrios, a sus votantes y a los trabajadores de estas empresas”, así como de “excusa ilegal para efectuar un despido masivo de trabajadores ante la incapacidad de hacer efectivo el pago de la nómina cada mes”.
Desde UGT exigieron ayer que “se den todos los pasos legales que previamente señala la ley: instar a la autoridad judicial a la suspensión de pagos, o en su caso, la declaración formal de quiebra, algo que aún no ha sucedido”.
