El juez de Instrucción 1 de Sanlúcar La Mayor ha emitido un auto en el que se inhibe a favor de distintos juzgados de toda España que autorizaron los registros y entradas domiciliarias de las 16 personas que fueron implicadas en una presunta red de expolio de huevos de aves rapaces protegidas al entender que no está demostrada la existencia de tal y red, como aseguraban las investigaciones del Seprona. Algunos de los implicados están a la espera de que se decrete el sobreimiento de la causa para exigir responsabilidades a la Guardia Civil.

La presunta red de expolio de huevos y pollos de aves rapaces protegidas fue denunciada tras una investigación del servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil, el Seprona, y fueron autorizados judicialmente una serie de escuchas telefónicas, registros domiciliarios e incautación de pruebas.

Tras darse a conocer la noticia, Viva Sevilla, a finales de junio y principios de julio, se hizo eco de la posibilidad de que el Seprona hubiera confundido actividades irregulares de cetreros con el programa de cría en cautividad del águila imperial, ya que entre los detenidos se encontraba el director y tres trabajadores del centro de recuperación de especies amenazadas de San Jerónimo (Sevilla).

Tras las diligencias de investigación, según el auto judicial al que ha tenido Efe, el magistrado no considera demostrada la existencia de una red de expolio de huevos y pollos de aves rapaces, por lo que se inhibe a favor de los partidos judiciales en los que fueron autorizados -y a donde se remitirán los efectos y dinero ocupados- las entradas y registros. Estos juzgados son los de Jaén, Córdoba, Ciudad Real, Coín (Málaga), Baracaldo (Vizcaya), Bilbao, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Lorca (Murcia) y Avilés y Cangas (Asturias).

La Fiscalía se ha opuesto a esta inhibición y ha pedido al juez que tome declaración a los 16 detenidos en la denominada Operación Horus. Precisamente esta declaración fue la primera petición que hizo uno de los implicados, que a principios de julio ya pedía poder explicarse ante el juez añegando el “absoluto desconocimiento” del Seprona sobre el trabajo que se realiza en el Centro de Cría del Águila Imperial, que incluye la captura de pollos y huevos para su reintroducción de otras áreas.

Tras la inhibición del juzgado, que no considera demostrada la existencia de esta red, tres de los implicados, cuya defensa está a cargo del bufete de abogados Salas y Donaire, consideran “insólito” que se intervinieran los teléfonos durante meses ante unos supuestos “cuya gravedad, de existir, no justifica dichas intervenciones”, y esperan el sobreseimiento de la causa para pedir responsabilidades al Seprona.
Además, consideran que la constatación de que no existe esta red “deja en evidencia la actuación del Seprona, que se dedicó a emitir informes al juzgado en el que sí se señalaba la existencia de esas supuestas redes basándose en recortes de internet y en manifestaciones de terceras mersonas que tenían una enemistad manifiesta con alguno de los imputados”.

Inciden en que el daño al águila imperial se lo ha hecho “el sorprendente desconocimiento” de los hechos del Seprona, al hablar de “un supuesto fraude de subvenciones del que no hay indicio en las actuaciones”, provocando que se retiren de estos proyectos los patrocinadores.