La Operación Horus de la Guardia Civil ha terminado con dos informes contradictorios de dos administraciones diferentes sobre un mismo programa medioambiental en la mesa de un juzgado que ordenó la detención de 16 personas en nueve provincias españolas, escuchas telefónicas y registros incluidos, por supuestamente conformar una red de expolio de aves rapaces. Si desde el principio se apuntaba a una rencilla de técnicos, ahora la “guerra” se traslada a las administraciones, a la Junta de Andalucía, competente en la materia según el artículo 57 del Estatuto, y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El viernes estaban citados a declarar ante el juez de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor los primeros tres imputados del caso, entre ellos el director del centro de cría del águila imperial de San Jerónimo. Las declaraciones fueron aplazadas al 15 y 16 de marzo tras tres horas de espera al no disponer el juzgado de una sala libre donde practicar las declaraciones. Antes, el juez facilitaba a las partes otro informe del Seprona que contenía un oficio del Estado poniendo en duda la efectividad del programa de protección del águila imperial.
Sus conclusiones, relativas al periodo entre 2001 y 2010, incluyen la supuesta retirada irregular de pollos y huevos, una elevada mortandad y baja esperanza de vida de los ejemplares criados en el Centro, errores estadísticos e innecesaria extracciones en la comarca de La Janda (Cádiz).
La versión del programa
Contrastan los datos no sólo con los que elabora la Consejería de Medio Ambiente, que considera el programa un éxito y al que reiteró su apoyo tras las detenciones, sino con las propias conclusiones del proyecto, publicadas en la revista Ardeola y que ponen de ejemplo La Janda al nacer los dos primeros pollos de águilar imperial en una área en la que se había extinguido.
Los resultados, publicados por Roberto Muriel, Miguel Ferrer, Eva Casado, Agustín Madero y Cecilia P. Calabuig, destacan que el proyecto “está obteniendo un notable éxito, comparable al de otros proyectos de reintroducción similares realizados con grandes rapaces en Europa y Estados Unidos”.
A las diferentes visiones científicas se une que el Seprona no haya solicitado información sobre el programa al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) del que depende, y sí al Ministerio, cuando las competencias en materia ambiental son de la Junta que, según fuentes consultadas, encuadran la actitud del Gobierno central en la confrontación abierta por las proximidad de las elecciones.
Mientras, los abogados de cuatro de los imputados, Miguel Villegas y Miguel Salas, critican que el juez haya solicitado un informe a una administracion sin competencias y de distinto color político y no al CSIC, maxima institución científica nacional, considerando “insólito” que el objeto de un proceso penal sea la discusión sobre el mayor o menor valor científico de un proyecto ambiental.
Banalidades
Los letrados consideran una sopresa que el Ministerio “valore” una materia cuya competencia está transferida a la Junta: “Está claro que lo único que parece importar a la investigación judicial son cuestiones tan banales como si había un veterinario presente en el momento del rescate de un pollo”, lamentando que se autoricen escuchas y registros “para esto”.
Los letrados, que temen que todo sea un ataque promovido por algún científico contrario al programa, insistieron en pedir la declaración del director del centro de San Jerónimo a la mayor brevedad, para demostrar que no hubo ningún hecho delictivo y anuncian acciones judiciales contra el Seprona por el daño producido tras la rueda de prensa de un capitán de la Guardia Civil, que calificó al centro de conservación como una “tapadera”.
También el agente “habló sin base alguna de estafas, robos de huevos y fraude de subvenciones a través de una red internacional” que las propias actuaciones han puesto de manifiesto inexistentes. “El daño ya está hecho”, lamentan los letrados.
Relevos y trabajos investigados en Doñana
Al margen de la Operación Horus, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CISC) y la Estación Biológica de Doñana (EBD) han sido protagonistas en los últimos días por sus relevos y por irregularidades en un trabajo de investigación.
Así, el mismo viernes el CSIC daba a conocer el relevo de Fernando Hiraldo al frente de su Coordinación Institucional en Andalucía, cargo que asume el investigador y biólogo Miguel Ferrer, precisamente el máximo experto nacional en águila imperial y científico asesor del programa. Ferrer también fue entre 1996 y 2000 director de la EBD, cargo que ocupa en la actualidad Fernando Hiraldo.
Mientras, el pasado 27 de febrero el CSIC confirmaba a Efe que investiga si uno de sus científicos contratados en Doñana ha podido cometer irregularidades en sus trabajos. Según El País, se trata de Jesús Ángel Lemus, veterinario contratado en la EBD, y la denuncia partió del subdirector del centro, Juan José Negro, mediante una carta que envió al presidente del Comité de Ética del CSIC.
El nombre de Hiraldo también saltó a los medios en junio de 2011, cuando tuvo que dimitir como presidente de la Fundación Gypaetus -protección del quebrantahuesos-, tras graves enfrentamientos con la Consejería de Medio Ambiente debido a su gestión al frente de la misma.
