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Cae una red de regularización fraudulenta de inmigrantes ilegales a cambio de 3.000 euros

La Policía Nacional ha desarticulado una red ilegal de personas que supuestamente se dedicaba a la regularización fraudulenta de ciudadanos extranjeros, a los que cobraban grandes sumas de dinero

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La Policía Nacional ha desarticulado una red ilegal de personas que supuestamente se dedicaba a la regularización fraudulenta de ciudadanos extranjeros, a los que cobraban grandes sumas de dinero, próximas a los 3.000 euros. Por el momento hay 23 personas detenidas de nacionalidades española, ecuatoguineana, nigeriana y camerunesa.

   Según ha indicado el Cuerpo Nacional de Policía en un comunicado, la investigación se inició en 2011 sobre una mujer nacionalizada española, de origen ecuatoguineano, con domicilio de Jerez de la Frontera, que había reagrupado o intentado reagrupar a un total de 16 ciudadanos extranjeros, supuestamente como a hijos.

   Tras más de diez meses de investigación, se ha podido determinar que la citada mujer estaría a la cabeza de la organización desarticulada. Por ahora le constaban un total de 27 reagrupaciones o intentos de reagrupación. Supuestamente recurría a la concertación de matrimonios de conveniencia, parejas de hecho o reagrupación familiar de ciudadanos extranjeros, quienes no dudarían en pagar elevadas sumas de dinero para conseguir el permiso de residencia. Dicha organización estaría asentada principalmente en la provincia de Cádiz, Valencia y Comunidad de Madrid.


   La organización tendría la capacidad necesaria para suministrar todo tipo de documentación falsificada, como pasaportes, partidas de nacimiento y certificados de empadronamiento, documentación necesaria para realizar la tramitación documental de los permisos de residencia.

   Por todo lo anterior se realizaron el día 30 de mayo y durante la primera semana de junio, en colaboración con la Brigada Provincial de Extranjería de Valencia y Madrid, hasta un total de 16 detenciones y diversos registros domiciliarios en Jerez de la Frontera, Valencia y diversas localidades de la Comunidad de Madrid.

   En los registros domiciliarios llevados a efecto se intervino gran cantidad de documentación falsa, material informático, pasaportes de diferentes nacionalidades, partidas de nacimiento y numerosa documentación destinada a la regularización fraudulenta de ciudadanos extranjeros en España.

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