La Guardia Civil no ha querido dar a conocer el nombre de las residencias investigadas, aunque en el caso de Sanlúcar, al tratarse de la única residencia existente en la localidad, el punto de mira se ha centrado en el centro Nuestra Señora de La Caridad, gestionado por el Ayuntamiento de Sanlúcar y concertado con la Junta de Andalucía.

Este periódico ha podido confirmar que el responsable del centro fue llamado a declarar por la Guardia Civil para esclarecer los hechos denunciados por la Consejería de Sanidad. A raíz de la imputación del director, el centro ha comenzado a realizar un inventario de las tarjetas y fallecidos en los años objeto de investigación al objeto de contribuir a esclarecer unos hechos de los que se desmarcan. Según las fuentes consultadas, hasta hace un año, cuando fallecía un usuario, el centro hacía entrega a sus familiares de sus pertecencias, entre las que se encontraba la tarjeta sanitaria. Pero este protocolo se cambió a instancias del Distrito de Salud Jerez - Costa Noroeste, que en una reunión acordó, precisamente para evitar este tipo de prácticas, que las tarjetas fueran entregadas por los responsables de las residencias de ancianos en la gestoría de usuario de los centros de salud, para que procedieran a su baja.